"La moratoria mundial contra la pena de muerte debe ser unánimemente respaldada, como primer paso hacia su completa abolición mundial, mientras que, en la cuestión de los mercenarios, desde la Societé Internationale de Defensa Sociale (SIDS), reclamamos igualmente de la comunidad internacional un mayor compromiso en la lucha contra este fenómeno, así como una mayor ratificación de la Convernción ONU de 1989 -en la actualidad únicamente ratificada por 28 países-", así se postuló esta mañana, en rueda de prensa, el presidente de la SIDS y profesor de la Universidad regional, Luis Arroyo.
En referencia a la pena de muerte, según informó el profesor Arroyo, la Asamblea General de la Societé Internationale de Defense Sociale, movimiento internacional en pro de la promoción de una política penal humanista, expresó en su XV Congreso internacional "el unánime apoyo a dicha propuesta de moratoria mundial contra la pena de muerte, como un paso más hacia su completa erradicación de la tierra. De hecho, el número de países abolicionistas de facto, se ha incrementado hasta los 130, y numerosos textos internacionales como la Carta Europea de Derechos Humanos incorporada al proyecto de Constitución Europea la prohíben expresamente. E incluso entre los países que mantienen la pena de muerte se constata una paulatina reducción del número de ejecuciones" señaló su presidente.
Lo lamentable es que "ésta se aplica en la actualidad en numerosos países alrededor del mundo, incluyendo los EEUU y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque en la Unión Europea la pena de muerte constituye una reminiscencia remota y frecuentemente resulta expresamente prohibida en sus constituciones". De hecho, hoy mismo 28 de Septiembre de 2007, por iniciativa de Italia y Portugal, con el respaldo de Romano Prodi y de 55 premios Nóbel a instancias del mismo, se abordará una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los 95 países firmantes de la petición de moratoria con la intención de dar lugar a su aprobación en sede de Naciones Unidas.
Uso de mercenarios en conflictos bélicos
La actividad mercenaria y el fenómeno de cesión estatal de funciones militares a empresas privadas de seguridad ha experimentado un fuerte aumento a lo largo de los cinco continentes. Así, los grupos de trabajo de la SIDS, la propia Asamblea General de Naciones Unidas y distintas organizaciones de la sociedad civil, han venido denunciando las nuevas situaciones de impunidad en la violación de los Derechos Humanos, ante la ausencia de un sometimiento -efectivo- a las reglas del Derecho Militar nacional e internacional.
Dicha actividad mercenaria, y sus riesgos para la vida y los derechos humanos, se ha hecho especialmente evidente en Irak dónde su gobierno acaba de pedir enérgicamente a EEUU la salida de su territorio de los casi 55.000 mercenarios actualmente subcontratados por su ejercito.
"La especial inhumanidad de situaciones como la relativa al reclutamiento de menores de edad y nuevos desafíos, como el uso fraudulento de filiales con personalidad jurídica en un país, que ofrecen sus servicios en otro y reclutan su personal en un tercero, constituyen hoy motivos de honda preocupación para la Sociedad Internacional de Defensa Social", sentencia su representante.
Por todo esto, "conscientes de nuestra responsabilidad como organización científica consagrada a una política criminal humanista, queremos unir nuestra voz a la de Naciones Unidas y los restantes organismos internacionales para recordar, una vez más, la urgencia de una plena ratificación de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios hecha en 1989 y apenas ratificada por 28 estados, la especial necesidad de abrir un intenso proceso de revisión y reforzamiento de la misma, y de propiciar un mayor compromiso de la comunidad mundial en la persecución internacional de este fenómeno", dijo Luis Arroyo.
Gabinete de Comunicación UCLM. Ciudad Real, 28 de septiembre de 2007