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El acto de presentación contó con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Emilio Frías

Inaugurado en el Campus de Albacete el curso sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil

19/04/2002
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Inaugurado en el Campus de Albacete el curso sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil

19/04/2002

El Salón de Grados de la Facultad de Derecho de Albacete ha sido escenario de la inauguración del curso titulado “La nueva ley de enjuiciamiento civil y su incidencia en los procesos administrativo y laboral” que reunirá a magistrados, letrados de la Junta de Comunidades, fiscales y abogados del Estado, hasta el próximo 21 de junio, para profundizar en las particularidades de la citada ley. Al acto han asistido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Emilio Frías, el secretario general de la Consejería de Administraciones Públicas, Fernando Mora, y el profesor de Derecho Procesal y director del curso, Javier Vecina, quien, posteriormente, ha ofrecido la primera ponencia sobre las novedades de la ley de enjuiciamiento civil.
Javier Vecina subrayó la idoneidad de este curso no sólo para los letrados de la Junta de Comunidades, organismo organizador, sino para todos los juristas de la región, debido al interés suscitado por una ley que ha supuesto un salto cualitativo y radical en la ejecución de los procesos. Según Vecina “se ha pasado de una tramitación lenta y compleja, con procesos que podían demorarse hasta 6 años, a uno más simple, rápido y eficaz orientado a la búsqueda de la verdad material”. El profesor, que reconoció que la ley es mejorable, destacó la importancia de este curso en el que se abordarán desde los principios de la ley hasta su ejecución final.
El secretario de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades, Francisco Mora, catalogó de “imprescindible” la formación que aportará este curso, pues, dijo “ repercute en la atención al ciudadano y en la mejora de la defensa de los intereses públicos, además de incrementar el nivel de profesionalización”. A su juicio, le ley de enjuiciamiento civil entró en vigor con un déficit de carácter económico y la introducción de novedades como el juicio oral, requieren una fuerte inversión. Por último, Mora confió en que el Pacto por la Justicia ponga los medios necesarios para la correcta aplicación de la ley.
Por último, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha, Emilio Frías, se refirió a la ley como “uno de los logros más importantes de los últimos años en materia de justicia” pues, según dijo “sienta las bases para una nueva justicia civil pese a las dificultades que hubo en su tramitación parlamentaria”. La reforma, comentó, permitirá la agilización de los procesos y la efectividad de las decisiones, pero su establecimiento no ha sido fácil al suponer un cambio de actitud de todos los profesionales del derecho, que, dijo, “han realizado un esfuerzo muy grande para que la ley pudiera aplicarse”.
Sobre la dotación económica, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, reconoció el esfuerzo que se ha hecho pero, dijo “queda mucho camino aún por recorrer”. Frías se mostró optimista en cuanto a las perspectivas de la ley y prudente a la hora de valorar los efectos de la misma en procesos donde ha sido aplicada, a lo que añadió que “hay que esperar algo de tiempo”. También destacó, como resultados positivos, la buena acogida del proceso monitorio, el aumento de las conciliaciones intraprocesales y el buen resultado de los juicios verbales, donde la rapidez es notoria y los efectos muy buenos, dijo.
Por último, en cuanto a las asignaturas pendientes de la ley , Emilio Frías subrayó la necesidad de modificar la planta judicial para evitar los retrasos, la reforma de la oficina judicial, la consolidación de los actos de comunicación y las necesidades de medios informáticos y nuevas tecnologías para modernizar los juzgados. Concluyó diciendo que “el pacto por la Justicia ha de acompañarse de un soporte económico” y mostró su esperanza en la transmisión de competencias a la Junta de Comunidades como medida necesaria para una mejora de la justicia en la región.

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