En primer lugar, se constata la preocupación de las universidades públicas y, en especial, de las 9 universidades del Grupo, por el retraso en las convocatorias del Plan Nacional del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO). Esto pone en riesgo la continuidad de investigaciones en curso de grupos de Investigación claves para el sostenimiento de la productividad científica y la transferencia de las universidades. Lo cual es especialmente preocupante porque afecta al mantenimiento de los Recursos Humanos que constituyen el relevo generacional en nuestras instituciones. De confirmarse estas predicciones, muchos grupos altamente competitivos no dispondrán de los recursos necesarios para continuar su actividad a partir de enero de 2018.

A esta situación, con consecuencias negativas a corto y medio plazo, se suma la nula incidencia que la recuperación económica tiene en las partidas que los Presupuestos Generales del Estado reservan para los programas de Investigación Científica y Tecnológica.

Si bien los cauces para el desarrollo de las políticas de Recursos Humanos y de la financiación de la Investigación competitiva se han consolidado, la inversión a través de estos instrumentos es, claramente, insuficiente y está en franco retroceso.  Esta evolución no augura una recuperación y una regeneración del sistema de Investigación Universitario. Un claro ejemplo de ello es la drástica reducción de la inversión en programas emblemáticos y de efectividad contrastada como el Programa Ramón y Cajal o la práctica paralización de los Campus de Excelencia Internacional.

Es particularmente preocupante el escaso avance en la capacidad de reinserción de doctores en nuestro sistema a través de los diferentes programas. Sería necesario un mayor compromiso del tejido empresarial y un mayor reconocimiento del título de Doctor para evitar la pérdida de oportunidades y el desaprovechamiento de la gran inversión que supone la formación de personas preparadas y capacitadas por la falta de mecanismos y voluntades de aprovechar el  talento que producen las universidades españolas. Frente a ello, otros países  de nuestro entorno están demandando doctores españoles que se integran, de forma efectiva, en su sistema productivo, drenando nuestros recursos nacionales.

El poco éxito alcanzado, hasta la fecha, con los programas de Doctorados Industriales evidencia que no se ha logrado la necesaria implicación del sector empresarial en la incorporación de doctores a sus plantillas. Sería preciso, entre otras medidas, que los poderes públicos establezcan incentivos para que la I+D+i empresarial sea llevada a cabo, necesariamente, por doctores.

Para contribuir a paliar algunas de las carencias mencionadas, desde el Grupo 9 de Universidades se sigue apostando por la realización de Jornadas Doctorales anuales, que reúnen a decenas de doctorandos de las 9 universidades desde 2012, y que se complementarán próximamente con la creación de un foro de doctorandos de las 9 universidades.

Por otra parte, la separación de competencias universitarias y políticas de I+D+i en las estructuras ministeriales es un factor que provoca una evidente descoordinación. Esta circunstancia incide negativamente en el aprovechamiento de los escasos recursos públicos que el Estado pone a disposición de los investigadores.

Las políticas públicas de I+D+i de las Comunidades Autónomas no siempre están siendo capaces de complementar la falta de inversión a nivel nacional. La falta de continuidad en las estrategias públicas de apoyo a la Investigación hace que nuestro país no pueda cumplir sus objetivos a largo plazo.

Consideramos especialmente relevante la puesta en marcha de las recomendaciones del grupo de trabajo de la CRUE para la implantación efectiva del nuevo sexenio de transferencia que reconozca, con un marco adecuado, la necesaria transmisión de conocimiento de la universidad a la empresa.

La Comisión Sectorial de Investigación del G-9 se hace eco de las recomendaciones de la Asamblea General de Crue Universidades Españolas en el sentido de incluir la reserva del 5% por discapacidad en todas las convocatorias y contrataciones de personal investigador. Las universidades deben mantenerse a la vanguardia como instituciones públicas que abogan o fomentan la integración social en su sentido más amplio.

Con el objetivo de aumentar la influencia de la Comisión Sectorial de Investigación  del G-9 a todos los niveles y lograr una mejor coordinación y comunicación dentro de la CRUE se pondrán en marcha nuevos mecanismos que incluirá la creación de un grupo de trabajo de presidentes de Comisiones Sectoriales de Investigación del G-9 y de CRUE.

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada hace 20 años, conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas Comunidades Autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza.

Grupo 9 de Universidades. Zaragoza, a 19 de mayo 2017