La Universidad de Castilla-La Mancha es, junto al INRA de Montpellier y la Universidad de Nápoles, una de las tres instituciones encargadas de realizar el informe sobre las medidas y consecuencias de la reforma de la Organización Común del Mercado del vino, encargado por el Parlamento Europeo para fijar su postura oficial frente a la propuesta de reforma de esta OCM. Será el doctor europeo y profesor de Economía Agraria en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete, Juan Sebastián Castillo Valero, el encargado de dirigir el equipo de la UCLM.
La coordinación a cargo de las dos primeras universidades mencionadas se justifica, en gran parte, por la importancia económica y productiva del sector vitivinícola en el entorno en el que trabajan: la de Montpellier se ubica en la región de Languedoc-Rousillon, primera productora europea; y la de Castilla-La Mancha es la comunidad con mayor superficie dedicada al viñedo en Europa. Junto a ellas trabajarán profesionales de la Universidad de Nápoles (Italia), expertos de la OIV (Organización Internacional del Vino), de las Universidades de South (Australia) y Budapest (Hungría), y expertos ingleses y norteamericanos; conformando así un amplio equipo multidisciplinar que trabajará en el análisis de una reforma tan trascendente como ésta.
En España y en Castilla-La Mancha, afirma el profesor Castillo, “se han producido diversas manifestaciones de alerta y preocupación entorno a la reforma tanto por parte del Ministerio de Agricultura y la Consejería Regional, como por la FEV (Federación Española del Vino), la AVIMES (Asociación de empresas de vino de mesa), los Consejos Reguladores de las DD.OO., las cooperativas de UCAMAN o las organizaciones profesionales agrarias, como ASAJA, UPA y COAG, con posiciones distintas y distantes ante tan compleja modificación legislativa, por ello va a ser fundamental la postura oficial que adopte el Parlamento Europeo, que nos ha encargado este informe, que debemos entregar antes de final de agosto”.
La importancia de esta reforma para Castilla-La Mancha, según destaca el profesor, radica en que afecta directamente a un sector vertebrador del mundo rural castellano-manchego, pues asegura “en ella se acometen distintas posibilidades de cambios en la comercialización, políticas de mercados internos y externos, destilaciones, fomento de la calidad, reestructuración, competencia de los países emergentes, política impositiva, prácticas enológicas, cultivo del paisaje vitícola y ecoturismo, entre otras muchas disposiciones, entre la que preocupa mucho el arranque de viñedos por sus consecuencias sociales, económicas y medioambientales para una región árida y con altos índices de erosión como la nuestra”.
El sector vitivinícola representa el principal sector agroalimentario de la región con más de un 30% de la producción final agrícola regional, siendo el sector que figura en primer lugar en las exportaciones de Castilla-La Mancha por encima de cualquier otro sector agrario o industrial. Por todo ello, asegura J. Sebastián Castillo, “la reforma prevista supone una preocupación a la vez que un reto para las perspectivas de futuro del sector en todos los ámbitos; el profesional, el empresarial, el político y el del mundo rural castellano manchego en general”.