Luis López Guerra, secretario de estado de Justicia, ha participado esta tarde en Toledo en la V edición de los cursos de postgrado en Derecho para iberoamericanos, con una conferencia titulada “Administración de justicia y derechos humanos”. Durante su intervención, López Guerra manifestó que existe en el Ministerio de Justicia una voluntad clara de establecer cauces que garanticen la calidad del ejercicio profesional de los abogados, por lo que el gobierno presentará próximamente una ley que regule el acceso a esta profesión.
Durante su intervención, enmarcada en el curso “Problemas actuales de los derechos humanos”, que dirigen Javier Díez Revorio y Eduardo Espín Templado, se refirió a diversos proyectos que proceden del Ministerio de Justicia y que afectan directamente a los derechos fundamentales, como la ley del matrimonio entre homosexuales, la modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal o la normativa sobre violencia de género, que sólo es posible combatir “si la educación, que debe extenderse a todos los sectores sociales, no complementa la actuación policial”.
Según el secretario de estado es precisa “una organización adecuada de los tribunales que convierta la tutela en efectiva, es decir, que se tramite con la necesaria rapidez y que se ejecute debidamente la sentencia”. Según López Guerra, uno de los problemas de la administración de justicia en España es que se dictan resoluciones pero lleva tiempo conseguir que se ejecuten. Otro de los objetivos marcados por el gobierno es conseguir una defensa letrada de calidad. “Hay que consolidar la profesión de abogado y establecer cauces para garantizar la calidad del servicio que prestan, ese es uno de los objetivos de este equipo ministerial. Como ya hemos anunciado, vamos a presentar una ley que regule el acceso a la abogacía como aval de esa garantías”, manifestó el secretario de estado.
Respecto al traspaso de competencias en materia de Justicia, López Guerra afirmó que es voluntad del ministerio cerrar las negociaciones con todas las comunidades autónomas, aunque Castilla-La Mancha, debido en gran medida a su amplitud territorial, no se encuentra entre las autonomías donde las negociaciones están más avanzadas.