La Universidad de Castilla-La Mancha, junto a otras universidades españolas, desarrollará un proyecto cuya finalidad es analizar y, en su caso, redefinir el marco institucional de la seguridad y la defensa en la Unión Europea, a la luz de la evolución de los procesos de reforma del sistema constitucional y organizativo de la Unión Europea, y de la transformación del concepto mismo de seguridad. Estos dos fenómenos están generando una revisión del actual sistema institucional europeo vinculado al uso de la fuerza, que puede poner en cuestión el modelo tradicional de limitación y racionalización del ejercicio de la coacción, según ha manifestado el catedrático de Derecho Administrativo de la UCLM, Luis Ortega, investigador principal de este proyecto.
En el desarrollo del proyecto se prestará una especial atención a determinados problemas que se plantean con motivo del señalado proceso de transformación, entre los cuales, destacó el profesor Ortega destacó los siguientes.
Primero, el papel que corresponde en el sistema a las instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros se va a ver alterado con motivo, no sólo de la futura redefinición del sistema de distribución de competencias, sino también de otros procesos, como, señaladamente, la implantación de un germen del modelo de Administración por agencias independientes, cuyos poderes, régimen jurídico, y sistema de reducción al Derecho están todavía por definir.
Segundo, actualmente se está produciendo una redefinición de las funciones atribuidas a las fuerzas armadas, de un lado, y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de otro. Una eventual ampliación de las competencias de la Administración militar en materia de seguridad interior precisa un análisis crítico desde el punto de vista del Estado de Derecho.
Tercero, los Estados miembros han acogido tradicionalmente la distinción entre seguridad preventiva, función atribuida a la Administración pública, y seguridad represiva, propia de los jueces y tribunales. Sin embargo, este principio de distribución no se encuentra recogido en el Derecho europeo, afirmó el investigador principal.
Cuarto, el concepto de seguridad, en su doble faceta interior-exterior, cristaliza potencialmente en numerosas manifestaciones sectoriales: la seguridad ciudadana desde luego, pero también la seguridad de fronteras o de los fenómenos migratorios (con manifestaciones orgánicas ya propuestas, como la creación de una policía de fronteras comunitaria); la seguridad frente a riesgos difusos, como la seguridad alimentaria o veterinaria (con manifestaciones orgánicas ya materializadas, como la Agencia de seguridad alimentaria o la de medicamentos); la prevención de desastres naturales o ambientales, etc.
El profesor Ortega indicó que todas estas cuestiones deben ser objeto de una reflexión crítica, encaminada a garantizar que sus resultados finales, en su doble plano funcional e institucional-orgánico, se adecuen plenamente a las exigencias del principio de Estado de Derecho.
El equipo de investigación está formado por profesores procedentes de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Carlos III, la Universidad de Barcelona y el Instituto de Empresa. Además del investigador principal, otros miembros del equipo son: Elisenda Malaret i Garcia (catedrática de Derecho administrativo, Universidad de Barcelona), Eva Nieto Garrido (profesora titular de Derecho Administrativo, Universidad de Castilla-La Mancha), Luis Arroyo Jiménez (profesor asociado de Derecho administrativo, Universidad de Castilla-La Mancha), Luis María Díez-Picazo (catedrático de Derecho constitucional, Instituto de Empresa), Luciano Parejo Alfonso (catedrático de Derecho administrativo, Universidad Carlos III), Ángel Manuel Moreno Molina (profesor titular de Derecho administrativo, Universidad Carlos III) y Manuel Gámez Mejías (profesor ayudante de Derecho administrativo, Universidad Carlos III)
El proyecto de investigación, que cuenta con una financiación de 60.000 €, se desarrollará en dos periodos de duración anual. El primero corresponde a la fase de seguimiento de los procesos, actualmente en curso, de reforma del marco constitucional e institucional general de la Unión Europea. El segundo hace lo propio con la fase de definición de propuestas en relación con los problemas señalados.