Esta mañana ha comenzado en el Campus de Cuenca el curso “Diez años de experiencia regulatoria autonómica: el nuevo Estatuto del Consumidor en Castilla-La Mancha”, que se desarrollará los días 27 y 28 de septiembre. Estructurado en cinco paneles de trabajo, las jornadas abordarán la problemática a la que tiene que enfrentarse la legislación autonómica de consumo del siglo XXI y, en concreto, el reciente Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha.
Los límites regulatorios del Derecho de Consumo por parte de las comunidades autónomas o la regulación estatal versus financiación estatal, en concreto, el problema del arbitraje de consumo, son algunos de los temas que abordará el curso “Diez años de experiencia regulatoria autonómica: el nuevo Estatuto del Consumidor en Castilla-La mancha”, que esta mañana ha comenzado en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca.
Al acto de inauguración han asistido el vicerrector del Campus de Cuenca y Extensión Universitaria, José Ignacio Albentosa, el director del Centro de Estudios de Consumo de la UCLM, Ángel Carrasco; y el director general de Consumo de la Junta de Comunidades, Jesús Montalvo.
El curso, organizado por el Centro de Estudios de Consumo de la UCLM y la Dirección General de Consumo de la Junta de Comunidades, está dividido en cinco paneles de trabajo. Los temas elegidos son cinco extremos problemáticos de los que, de una forma u otra, tiene que ocuparse la legislación autonómica de consumo del siglo XXI, y a los que se ha enfrentado el reciente Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha.
En este sentido, se tratarán “Los límites regulatorios del Derecho de Consumo por parte de las comunidades autónomas. ¿Hasta dónde pueden regular? Y “Regulación estatal versus financiación autonómica: el problema del arbitraje de consumo”. Asimismo, los asistentes debatirán sobre “Títulos estatales sectoriales y regulación autonómica: el problema de las telecomunicaciones”, “competencia, inhibiciones, facultad sancionadora y lugar de comisión del ilícito administrativo” y, por último, “Liquidación de daños entre particulares en el marco del procedimiento administrativo sancionador de consumo”.
La Ley del Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha, que entró en vigor el pasado uno de enero, introduce novedades que van a ser referencia en España como la ampliación de la representatividad social en las políticas regionales de consumo, la extensión de la inspección a los contratos suscritos por los consumidores o la garantía específica de una especial protección a colectivos vulnerables.
El nuevo Estatuto recoge las recomendaciones del Centro de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla-La Mancha de adaptar el Estatuto del Consumidor de 1995 a los cambios sociales y legislativos habidos en esta materia durante los últimos diez años, como las propuestas de mejora presentadas por los colectivos sociales.