Según explica el jurista, el trabajo analiza de manera crítica y sistemática las dificultades a las que se enfrenta la intención de regular procesalmente en España la figura del soplón o delator (calificado como ‘whistleblower’ en el Derecho comparado) que decide colaborar con la Justicia y aportar información eficaz en la investigación de los delitos cometidos en el marco de organizaciones criminales, asociaciones ilícitas o, más genéricamente, en el ámbito de la delincuencia económica organizada. La conveniencia o no de potenciar ciertas medidas de investigación especial, y entre las mismas, el uso de fórmulas premiales y de justicia negociada (reducción de la pena, otorgamiento de protección procesal o incluso inmunidad) a favor de quien decide delatar a sus compañeros e informar a las autoridades "es un debate actual muy controvertido en nuestro país", señala Ortiz Pradillo, si bien tales medidas "ya son aplicadas en otros países como herramientas muy efectivas para destapar, investigar y castigar todas esas conductas relacionadas contra la corrupción pública y la delincuencia económica empresarial". El profesor afirma que nuestro sistema es reacio a incorporar criterios utilitaristas y pragmáticos en la persecución judicial de los delitos, de modo que inicialmente se rechaza otorgar determinados premios o privilegios al delator. Sin embargo, "desde las instancias judiciales e incluso desde la propia Fiscalía General del Estado se ha defendido la necesidad de favorecer el trato dispensado al delincuente arrepentido como instrumento que ampliaría la eficacia de la persecución criminal de la delincuencia económica, al favorecer la obtención de datos y fuentes de prueba, y desde instancias supranacionales se recomienda a los Estados la promoción y protección del confidente y del denunciante que coopera con la Justicia". Juan Carlos Ortiz Pradillo es licenciado en Derecho (2001) y doctor en Derecho (2005) por la UCLM, donde obtuvo la acreditación como profesor titular en 2013. Ha publicado cuatro monografías (una de ellas compartida), 22 artículos en revistas de reconocido prestigio académico e impacto científico en el campo del conocimiento del Derecho Procesal y 15 capítulos en libros de autoría colectiva. Como ponente, además de las universidades españolas, ha visitado el Instituto Max-Planck de Derecho Penal Europeo e Internacional (Alemania), la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), la Universidad de Costa Rica (Costa Rica), la de Baja California (México), la Facoltà di Girurisprudenza dell'Università di Firenze (Italia), la Universidad de Bayreuth (Alemania) y la Universidad de Torun (Polonia). En 2012 fue nombrado Miembro del Grupo de Expertos para el asesoramiento en la elaboración de la reciente Ley de Mediación Social y Familiar de Castilla-La Mancha, aprobada en marzo de 2015. Otorgado anualmente por Wolters Kluver y con una dotación de 12.000 euros, el Premio La Ley busca distinguir los mejores artículos doctrinales en España y estimular la mejora de la calidad de la Justicia a través de la reflexión profunda y el análisis cualificado de las cuestiones que preocupan a la comunidad jurídica española. Del jurado forman parte, entre otros, el ex Fiscal General del Estado Eduardo Torres-Dulce, el académico de la Jurisprudencia y Legislación Luis Martí Mingarro o el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Gabinete de Comunicación. Toledo, 30 de abril de 2015