Las organizaciones privadas y los organismos públicos han desarrollado en las últimas décadas numerosas estrategias de prevención de la corrupción aunque con resultados muy desiguales. Así, mientras que la mayoría de las grandes empresas han implementado mecanismos de control de la corrupción mediante ‘programas de cumplimiento’, no ha ocurrido lo mismo en el seno de las administraciones públicas u otras organizaciones como partidos políticos o empresas públicas.

A fin de reflexionar y debatir sobre este escenario, que dado los efectos que tiene tanto preocupa a la sociedad, el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional y el Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) celebran el seminario ‘Medidas de prevención de la corrupción en las Administraciones Públicas’, que se desarrolla a lo largo del día de hoy en el Campus de Ciudad Real y continuará durante el próximo 22 de noviembre.

La actividad, que reúne a académicos, profesionales del Derecho, representantes de organizaciones sindicales y administraciones públicas, pretende recabar experiencias y distintos puntos de vista para determinar, dentro del derecho administrativo, el marco jurídico apropiado para el desarrollo de controles de la prevención de la corrupción.

Hasta la fecha, según ha señalado el catedrático de Derecho Penal de la UCLM y director de las jornadas, Adán Nieto, los gobiernos han centrado su trabajo “en pensar grandes medidas para solucionar el problema de la corrupción en la Administración”, con la inclusión de nuevas penas en el Código Penal, la reforma de la Ley de Altos Cargos o la aprobación de la nueva Ley de Transparencia. Frente a ellas, los expertos aquí reunidos apuestan por actuar sobre el terreno y poner en marcha medidas de control interno en cada Administración para prevenir la corrupción.

“Hay que decir a cada Administración, examínate a ti misma, mira dónde puedes tener problemas de corrupción y pon controles. Si quieres, lo puedes hacer”, dijo Nieto, quien consideró que podría empezarse con una experiencia piloto en un número determinado de ayuntamientos, de la cual podrían aprender unos y otros, y que además podría tener un efecto en cadena al resto. La estrategia, añadió, no es novedosa porque ya la llevan a la práctica la mayoría de las grandes empresas, pues desde 2010 existe responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La actividad incluye varias mesas redondas en las que además los participantes intentarán diseñar estrategias para incrementar y dotar de eficacia a las medidas de ética pública, así como procedimientos administrativos que impidan la corrupción o que incrementen las posibilidades de detección en los diversos sectores de actividad de las administraciones públicas. Igualmente estudiarán el papel de los organismos de intervención pública en el control de la corrupción.

El seminario cuenta con la colaboración del Área de Derecho Administrativo de la UCLM y de la asociación internacional Roxin Alliance.

Gabinete de Comunicación UCLM. Ciudad Real, 11 de octubre de 2013