Según indica la profesora Susana de la Sierra, directora del seminario junto al profesor Luis Ortega, la existencia de un método en el Derecho Administrativo es una cuestión "que no presenta únicamente carácter teórico, sino que, como la relativa a la ponderación de intereses, contiene un importante componente práctico".
La profesora señala que preguntarse por el método implica preguntarse por la forma de actuación de las Administraciones Públicas e implica en consecuencia establecer mecanismos adecuados para controlar dicha actuación. "Una de las ideas que subyacen a las ponencias es que, si existe un método para controlar a la Administración, ese método podría considerarse que es el denominado control de la motivación". Lo que supondría, de forma sencilla, que las administraciones públicas "han de proporcionar razones suficientes y convincentes de su actuación, razones que serán posteriormente controladas por los jueces".
Por otro lado, siempre dentro de las preocupaciones por el método, en el seminario también se aborda la posible inclusión de argumentos "no jurídicos" en la elaboración y aplicación del Derecho. "Como es fácilmente comprensible, la aplicación de una ley sobre biotecnología o incluso una norma urbanística (que tiene un alto componente técnico más apropiado para un ingeniero que para un jurista) requiere incorporar en las decisiones que se adopten conocimientos técnicos más allá del Derecho", indica la profesora.
La codirectora del seminario explica que también puede plantearse la necesidad de incorporar argumentos de tipo sociológico o incluso psicológico, con las consecuentes dudas sobre su viabilidad. "La discusión sobre si el Derecho ha de permanecer puro o ha de ser permeable a las aportaciones de otras ciencias ha tenido lugar desde hace tiempo en Alemania y en Estados Unidos y, por esta razón, en el seminario expondrán algunos expertos en estos ordenamientos jurídicos", afirma.
Toledo, 22 de mayo de 2009