Luis Ortega, director del Centro de Estudios Europeos de la UCLM, ha pronunciado esta mañana la ponencia inaugural del VIII Congreso Nacional de Sanidad Ambiental, que hasta el próximo día 17 acoge la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Durante su intervención, Ortega explicó cómo se regula la salud medioambiental en el ordenamiento comunitario y definió las directrices del VIII Programa de Acción Ambiental de la UE. En relación con los problemas de la salud pública relacionadas con el medio ambiente, el catedrático destacó también que un informe del Parlamento Europeo señala la necesidad de aplicar el principio de cautela, es decir, basta la sospecha razonable para determinar la causa de estos problemas.
Bajo el lema “Salud pública y desarrollo sostenible”, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo acogerá desde hoy y hasta el próximo 17 de junio el VIII Congreso Nacional de Sanidad Ambiental, organizado por la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (JCCM), la Universidad regional y la Diputación de Toledo con el objetivo de determinar los riesgos que ciertas actuaciones sobre el medio ambiente comportan sobre la salud pública, al tiempo que se establecen las estrategias para prevenirlos.
La ponencia inaugural del VIII Congreso, que versó sobre las relaciones entre el Derecho y la sanidad ambiental, corrió a cargo de Luis Ortega, director del Centro de Estudios Europeos de la UCLM. Durante su intervención, el catedrático explicó que uno de los objetivos del medio ambiente en el nuevo ordenamiento comunitario fruto del Tratado Constitucional es la protección de la salud. A este respecto, Ortega aludió también al VIII Programa de Acción Ambiental de la UE, uno de cuyos capítulos, el dedicado a medio ambiente y salud, recoge las importantes implicaciones que existen entre ciertas enfermedades de tipo respiratorio o las relacionadas con la ingestión de alimentos, con el uso de pesticidas y fertilizantes químicos en los campos de cultivo. “Existe un plan específico de 1994, firmado por los ministros europeos en Budapest, sobre medidas ambientales y salud”, señaló el catedrático.
“El objetivo fundamental del ordenamiento jurídico comunitario es establecer una base de datos de conocimiento para comprobar científicamente los efectos del medio ambiente sobre la salud”, añadió. Según explicó Ortega, se requieren hasta 25 años para constatarse de forma científica tales efectos. Hasta que se disponga de esta base, Parlamento Europeo recomienda aplicar el principio de cautela en estos casos, es decir, basta la sospecha razonable para establecer el vínculo. Este es, según planteo Ortega, uno de los debates de mayor actualidad entre los eurodiputados.
En la primera jornada del Congreso han participado también Carmen Cañizares, profesora de la Facultad de Letras de la UCLM, y Manuel de Castro, director del Instituto de Ciencias Ambientales de la UCLM, con dos ponencias tituladas “Los asentamientos humanos y la filosofía de la sostenibilidad” y “Escenarios de cambio climático: protocolo de Kioto”, respectivamente. Evangelina Aranda, vicerrectora del Campus de Toledo, participó en la inauguración junto a Manuel Oñorbe, director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo; Roberto Sabrido, consejero de Sanidad de la JCCM, y Rosario Arévalo, consejera de Medio Ambiente de la JCCM, entre otros.