Amnistía Internacional (AI) ha solicitado a las administraciones educativas y a la universidad pública española que incidan en la formación en materia de derechos humanos, un contenido que la organización considera “fundamental” para el desarrollo integral de los ciudadanos. Esta es la principal conclusión del informe “Educación en derechos humanos: asignatura suspensa”, elaborado por la organización no gubernamental sobre los resultados de las encuestas realizadas a profesores y alumnos de veinte universidades, así como el estudio de los planes curriculares de primaria de los cursos 2000/2001 y 2001/2002 de 47 centros universitarios del territorio español.
El estudio ha sido presentado esta mañana en la Escuela de Magisterio de Ciudad Real por el director de la Sección Española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, en una acto presidido por el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ernesto Martínez Ataz; y al que también asistieron el vicerrector de Campus y de Cooperación Cultural, José María Menéndez; el director de la Escuela de Magisterio, Ángel Cano Vela; y el coordinador provincial de la ONG, José Luis Huertas.
El informe, que también se presenta esta tarde en la Escuela de Magisterio de Albacete, a las 18.00 horas, concluye que el alumnado de las facultades de Pedagogía y Ciencias de la Educación y de las escuelas de Magisterio no se siente preparado para educar en derechos humanos, entre otras cosas, porque esta materia no figura como asignatura en los planes de estudio. Si bien existen asignaturas que pueden estar relacionadas con aspectos específicos de los derechos humanos, la mayor parte de estas asignaturas son de carácter optativo y no están implantadas en todos los centros académicos. El alumnado de Pedagogía y de Magisterio no conoce suficientemente las principales normas internacionales relacionadas con los derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre los Derechos del Niño, según apunta el documento, que añade que la mayoría del profesorado no conoce las normas y guías para la acción que afectan a los profesionales de la educación.
Para paliar esta situación, Amnistía Internacional aporta una serie de recomendaciones entre las que destaca cumplimiento de las directrices del Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos. Además, la organización considera imprescindible la elaboración de un plan de acción estatal, y/o autonómico con una adecuada dotación de recursos. Amnistía Internacional concluye manifestando su “creencia firme” en que la educación en derechos humanos es “fundamental”. “El Estado español –afirma la organización- tiene el deber de crear los mecanismos indispensables para dar cumplimiento a los objetivos del Decenio de Naciones Unidas, así como rendir cuentas de sus actuaciones en esta materia”.