Las Jornadas sobre Derechos Universales: Los Servicios Sociales en el Estado de Bienestar, celebradas en el CEU Talavera de la Reina de la Universidad de Castilla-La Mancha, concluían este fin de semana con la redacción de un manifiesto a través del cual “exigen a los grupos parlamentarios del Congreso, Senado y Comunidades Autónomas que garanticen por Ley la financiación para hacer efectiva la universalidad de los derechos/prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales”.
Este manifiesto, que ha sido avalado por los participantes en este encuentro, entre ellos políticos, sindicalistas, trabajadores sociales, alumnos, representantes de asociaciones de inmigrantes, de mujeres, de discapacitados..., se dará a conocer en el ámbito nacional a fin de obtener el mayor número posible de firmas y conseguir el compromiso político y financiero para que todos los ciudadanos sean beneficiarios de los servicios sociales en caso de necesidad y al margen de la renta económica de cada uno.
El profesor y director de las Jornadas Tomás Fernández, en rueda de prensa, calificó el Manifiesto de Talavera de la Reina como un “hecho histórico en el marco de las políticas sociales” que dará sus frutos en los próximos meses y recordó que actualmente en España tan sólo un 10% de la población se beneficia de los servicios sociales, “es un derecho de toda la población reconocido por la Constitución, por eso es importante que exijamos las prestaciones básicas del Sistema Público de Servicios Sociales”.
En este sentido, en el manifiesto se recoge la necesidad de garantizar el principio de universalidad a las prestaciones básicas establecidas en todas las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales: información, orientación, asesoramiento y tratamiento social personalizado y comunitarios; apoyo a la convivencia y ayuda a domicilio; acogida y alojamiento alternativo; prevención e inserción social; cooperación social.
Asimismo, para hacer efectiva dicha universalidad, se propone la elaboración de un mapa nacional/regional de necesidades en materia de equipamientos de servicios sociales, en coordinación con los municipios, con el objeto de desarrollar un plan de dotaciones presupuestarias e inversiones plurianuales de centros y una red de profesionales con el máximo nivel de formación que hagan extensible el principio de universalidad.
El presidente de la Conferencia de Directores de Escuelas de Trabajo Social, Octavio Vázquez, a preguntas de los medios de comunicación, se mostró optimista de cara a conseguir la garantía de la universalización y puso como ejemplo el paso que en Asturias ya se ha dado hace mes y medio. “La universalización es posible, los ciudadanos tenemos derecho a las prestaciones de los Servicios Sociales, tenemos que poner el Sistema al mismo nivel que la Salud o la Educación”.
Octavio Vázquez también hizo hincapié en la inversión que esto supondrá y como esa inversión es una apuesta por un Sistema que contribuye al Bienestar Social y que, además, traería consigo la contratación de más de 100.000 puestos de trabajo en toda España para cubrir las situaciones de necesidad de los ciudadanos.
Por su parte, Ana María Aguilar, presidenta de la Consejo General de Trabajadores Sociales, resaltó que se está exigiendo una dotación financiera no sólo parta dar cobertura a las necesidades sociales sino también para fortalecer los programas preventivos. Con este manifiesto, concluyó, no estamos pidiendo nada nuevo sino exigiendo que se lleve a efecto lo que está reconocido en la Constitución y en las leyes.
A partir de este momento, este manifiesto se publicará en la web para que todas aquellas personas interesadas también puedan adherirse y firmarlo y se organizarán debates, conferencias, mesas redondas...en toda España a fin de conseguir sensibilizar a los ciudadanos de su importancia.
Este encuentro ha sido organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha y el Consejo General de Trabajadores Sociales con la colaboración de la Conferencia de Directores de Escuelas de Trabajo Social.
MANIFIESTO DE TALAVERA DE LA REINA
LA UNIVERSALIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES: BIENESTAR PARA TOD@S
El Sistema Público de Servicios Sociales constituye uno de los pilares del Estado de Bienestar conjuntamente con el sistema de salud, la educación y las pensiones, considerándose un patrimonio social irrenunciable al ofrecer cobertura a necesidades básicas que se producen en el ámbito de la convivencia personal, familiar y social.
Sin embargo, uno de sus objetivos esenciales para el que fueron creados: universalizar sus prestaciones básicas a toda la población, no se ha conseguido, por lo que es necesario exigir un compromiso no sólo político sino también financiero para alcanzar la cobertura de todos los ciudadanos.
Todos somos usuari@s potenciales de los Servicios Sociales. Algunas personas y familias los necesitan durante toda la vida o en etapas prolongadas; otras son atendidas en situaciones de emergencia o de crisis; también hay personas que no se han acercado nunca a ellos. No obstante, la mayor expectativa de vida, los cambios en la estructura familiar, las incidencias de la llamada “sociedad de riesgo”, o el desempleo de larga duración, harán que tod@s los ciudadan@s necesiten en algún momento u otro de su vida las prestaciones básicas de los Servicios Sociales.
Cuando se van a cumplir veinticinco años de la aprobación de la Constitución Española, es necesario garantizar el principio de universalidad a las prestaciones básicas establecidas en todas las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales: Información, orientación, asesoramiento y tratamiento social personalizado y comunitario; apoyo a la convivencia y ayuda a domicilio; acogida/ alojamiento alternativo; prevención e inserción social; cooperación social: apoyo al tejido social de autoayuda y solidaridad. Servicios que deben ir dirigidos a toda la población, independientemente de la renta que obtenga cada ciudadan@.
Para hacer efectiva la universalidad como garantía de derecho, se debe elaborar un mapa nacional/ regional de necesidades en materia de equipamientos de servicios sociales, en coordinación con los municipios, con el objeto de desarrollar un plan de dotaciones presupuestarias e inversiones plurianuales de centros y una red de profesionales con el máximo nivel de formación que hagan extensible el principio de universalidad.
La responsabilidad pública como principio fundamental recogido en todas las Leyes de Servicios Sociales es determinante en la aplicación y garantía de los derechos, así como en el control de calidad de los servicios, aún cuando la gestión sea concertada con entidades privadas o con sectores sin ánimo de lucro.
Asimismo, se debe reconocer a las organizaciones sociales y profesionales la participación como interlocutores sociales en el desarrollo de las políticas que han de garantizar los derechos sociales del Sistema Público de Servicios Sociales.
La universalidad de derechos en Servicios Sociales, junto con los demás sistemas de protección social, son los mejores instrumentos con los que cuentan las personas y familias para construir un futuro que garantice su bienestar y su calidad de vida.
Quienes suscribimos este Manifiesto, exigimos a los grupos parlamentarios del Congreso, Senado y Comunidades Autónomas que garanticen por Ley la financiación para hacer efectiva la universalidad de los derechos/ prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales.