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Extranjeros que no conocen el idioma

Los constantes movimientos migratorios de las últimas décadas han cambiado el escenario del sistema penal y ha hecho más frecuente la presencia de personas extranjeras en las comisarías de policía y en los tribunales de justicia. El desconocimiento total o parcial de la lengua vehicular genera una gran situación de vulnerabilidad que se incrementa por el hecho de proceder de una cultura jurídica diferente lo que implica una menor comprensión de la naturaleza y el alcance de las normas que regulan el procedimiento. Por ello, la legislación española prevé que a toda persona investigada o encausada que no hable o no entienda la lengua, se le deberá garantizar el derecho a intérprete durante el interrogatorio policial, en todas las vistas judiciales y en todas las audiencias que se desarrollen durante el proceso; además de en todas las comunicaciones que tenga con su abogado.

Sin embargo, los resultados de nuestra investigación han puesto de manifiesto que este derecho no siempre es observado. Dos son las principales razones de ello. En primer lugar, no existe un procedimiento objetivo que determine cuáles son las competencias lingüísticas que debe tener una persona para desenvolverse con solvencia en un procedimiento penal. Por muy bien que se conozca el idioma, el discurso en una comisaría de policía o en una sala de justicia es muy técnico, además la situación de alto estrés que supone el paso por un procedimiento penal también merma las habilidades por lo que es fácil mostrarse incompetente.

Pero, además, el proyecto JusTo también ha constatado que requerir al intérprete no garantiza que la asistencia de interpretación esté cubierta. Por un lado, porque en ocasiones las personas que llegan a realizar la interpretación no son expertos y sus competencias profesionales dejan mucho que desear y, por otro lado, porque los operadores jurídicos no atribuyen el suficiente valor a la interpretación y a la necesidad de información que tiene el investigado o acusado. Así, se ha comprobado que, por ejemplo, en los juicios se traduce solo aquello que el juez pide que se traduzca que en general es muy poco. Por lo que es frecuente que los extranjeros asistan ajenos a su propio juicio sin poder entender lo que dicen los testigos, el fiscal, el juez o su letrado. De igual modo, se ha constatado que el resto de profesionales del sistema penal no se adaptan a la presencia del intérprete y en esas condiciones es muy difícil desarrollar un trabajo de calidad. Así, no se comparte previamente información para que el intérprete pueda prepararse, los traductores no disponen de los recursos técnicos necesarios y en muchos casos no tienen ni un sitio o un micrófono propio. En general, el sistema penal no se adapta al ritmo que requiere la traducción, la velocidad del discurso es excesiva y el tiempo del que disponen los intérpretes es mínimo, por lo que en esas condiciones es difícil cumplir con su cometido y en general se sienten muy desprestigiados. Todo ello tiene como resultado final que el investigado o acusado asista como espectador a un procedimiento en el que están en juego sus derechos y su futuro.

Fernández-Molina, E. (en preparación). Extranjeros que no conocen el idioma en el sistema penal español. Dos estudios de caso.

González-Oliver, M., Fernández-Molina, E. & Bartolomé, R. (2021). El rol del intérprete en los procesos judiciales: más que transmitir mensajes. XIII Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense. Vigo, 28 al 30 de octubre de 2021.

González-Oliver, M. & Fernández-Molina, E. (2021). El intérprete en la justicia penal española: una aproximación cualitativa. XIII Congreso español de Criminología. Sevilla, 24 y 25 de noviembre de 2021.

González-Oliver, M., Montero-Molera, A. & Páez-Mérida, A. (2021). Los extranjeros en la justicia penal española: ¿garantizamos un juicio justo?. XIII Congreso español de Criminología. Sevilla, 24 y 25 de noviembre de 2021.