Con la participación de abogados, profesores universitarios, representantes políticos relacionados con el ámbito del consumo, jueces y expertos en temas jurídicos de la OCU, se han celebrado, en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica de Albacete, las Jornadas tituladas “La Protección Procesal del Consumidor en la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, organizadas por la Universidad Regional, el Ayuntamiento de Albacete y la Junta de Comunidades, con motivo de la celebración, el próximo viernes, del día mundial de los derechos del consumidor.
La inauguración de las jornadas ha corrido a cargo de la concejala de Consumo del Ayuntamiento de Albacete, Aurora Zárate y del director del curso, el profesor de derecho administrativo la UCLM, Javier Vecina, quien dijo que “estas jornadas pretenden ver en qué medida la ley de enjuiciamiento civil, que tiene un año de vigencia, puede dar cobertura a los derechos de los consumidores”
En estas jornadas, dirigidas a un público amplio no sólo universitario, se han sometido a estudio temas relacionados con la intermediación de las asociaciones de consumidores, condiciones de la contratación, la solución de conflictos o el acceso de los consumidores a la justicia, entre otros aspectos. En este sentido, Javier Vecina subrayó que queda mucho camino por recorrer en la defensa de la tutela jurídica del consumidor, y que, en los 20 años que han transcurrido desde que comenzara la defensa de los consumidores, tan sólo se ha llevado a cabo en el ámbito material, es decir, reconociendo cada vez más sus derechos, pero, a su juicio, hay que pasar ya al ámbito procesal, que permitiría tener un proceso de consumo específicamente creado para tutelar los derechos de los consumidores .
Vecina también añadió que la lentitud y el coste de los procesos civiles, pueden desalentar a los consumidores a la hora de tramitar sus denuncias, por lo que, dijo, “se acude a fórmulas alternativas como la conciliación o el arbitraje que, a pesar de que pueden resultar efectivos en materia de consumo, no ofrecen la garantía de un juez que realiza su trabajo bajo el amparo que concede la Constitución a la tutela judicial de los consumidores”.