Normativa Reguladora
La aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, está regulada en la Universidad de Castilla-La Mancha en la Normativa de utilización de medios electrónicos en la actividad de la Administración de la Universidad de Castilla La-Mancha , aprobada en Consejo de Gobierno el 14 de diciembre de 2010 y publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 8 de marzo de 2011. En esta norma se incluyen:
Creación y regulación de la Sede Electrónica
En el Capítulo II de la Normativa de utilización de medios electrónicos en la actividad de la Administración de la Universidad de Castilla La-Mancha se refleja la creación y regulación de la Sede Electrónica de la Universidad de Castilla-La Mancha
Creación y regulación del Registro Electrónico
En el Capítulo IV de la Normativa de utilización de medios electrónicos en la actividad de la Administración de la Universidad de Castilla La-Mancha se reflejan la creación y regulación del Registro Electrónico de la Universidad de Castilla-La Mancha
Resumen de la normativa aplicable
Normativa de utilización de medios electrónicos en la actividad de la Administración de la Universidad de Castilla La-Mancha, aprobada en Consejo de Gobierno el 14 de diciembre de 2010.
Resolución del Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, de 30 de noviembre de 2015, por la que se especifican los sellos electrónicos utilizados en su Sede Electrónica.
Decreto 12/2010, de 16/03/2010, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.