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"El comercio con los servicios y la privatización del agua. Tendencias globales. La apuesta de las empresas espaÑolas en AmÉrica Latina."
 
Tom Kucharz
miembro de Ecologistas en AcciÓn
 

1.- Introducción.

2.- ¿QuiÉn se beneficia?.

3.- Cambio de paradigma: del bien común a la mercancía.

4.- La fórmula de la privatización.

5.- El papel del Banco Mundial.

6.- La creaciÓn de organismos para “gestionar la crisis”.

7.- Más dinero público para seguir privatizando.

8.- La UniÓn Europea como impulsor del comercio de servicios.

9.- Las multinacionales españolas y el negocio del agua.

10.- Los casos de AgBar en Cartagena (Colombia).

11.- … y el Canal Isabel II en Santa Marta.

12.- Apuntes finales.

 

1. IntroducciÓn

Buques mercantes transportan millones de toneladas de agua dulce de Alaska a China o de Noruega a Chipre. Una fila larga de personas delante un supermercado intentando comprar botellas de agua por la contaminación detectada en la red de abastecimiento urbano. Una pastora tailandesa recorre días con su ganado para llegar a una fuente al estar seco el río, donde antes bebía el ganado de toda la zona, a causa de la sobreexplotación hídrica por los campos de arroz.

Burros cargados de agua que caminan a paso lento por trochas inaccesibles, pozos profundos en los patios de las casas y carrotanques acuáticos que recorren ciénagas para surtir a poblaciones demuestran que en el pleno siglo XXI muchos sitios no conocen todavía la tubería de un acueducto. Las mujeres asiáticas y africanas recorren una distancia promedio de seis horas para recolectar agua y el peso que cargan en sus cabezas es de 20 kilos. El cólera vuelve a aparecer en núcleos urbanos a causa de ingerir agua contaminada[1]. Cada año mueren cinco millones de personas en el mundo de enfermedades asociadas a la falta de acceso de agua potable o a su contaminación.

Mientras en China la industria de bebidas ligeras embotelló 20.000 millones de litros en el 2000[2], con unas ventas de 7.500 millones de dólares, dos tercios de las principales ciudades del país sufren una carestía acuciante, 80% de los mayores ríos sufren una degradación tal que los peces no sobreviven y 700 millones de personas beben agua contaminada con desechos humanos y animales.[3] En 1972, el río Amarillo, uno de los más grandes fluentes chinos, no alcanzó a llegar hasta el mar durante 15 días, en 1997 ya eran 226 días que se secó antes de desembocar. Y otro periódico nos relata como niños en una zona maquiladora de México, donde la producción textil consumo el agua dulce y vierte miles de toneladas de residuos tóxicos, están necesitados a beber refrescos por la falta de agua limpia.

Escenarios que parecen absurdos, pero son reales. Incluso en el Estado español hemos estado a punto de observar el comienzo de las obras del Trasvase del Ebro, la obra hidráulica más grande que se había planeado en éste país, en el que ya hay construidos 1.300 presas y miles de kilómetros de canales y regadíos artificiales para alimentar una política hidrológica que aparenta una abundancia de agua que es irreal. Desde hace tiempo las empresas constructoras soñaron en trasvasar agua de cuencas húmedas a cuencas áridas para calmar la “sed” de los campos de Golf, los complejos hoteleros, los chalets con piscina y los regadíos para producir en medio del desierto lechugas, melones, tomates y maíz destinados a los mercados europeos del Norte.

En 1998 hubo 28 países que sufrieron un estrés hídrico o una escasez de agua, en el 2025 serán 56 países (47% de la población mundial). Los organismos oficiales (OMS, UNESCO, FAO) e instituciones financieras (BM, BID) publican las mismas cifras alarmantes: 1.200 millones de personas carecen de agua potable y 2.400 millones no disponen de sistemas de saneamiento.

Aunque las carencias son cada vez más visibles y los análisis tanto de organismos institucionales como de investigadores independientes apuntan hacia el mismo escenario global, sus explicaciones de las causas son bien distintas. Mientras los gestores de la economía global no hablan apenas de las causas, y cuando lo hacen apuntan al crecimiento demográfico, a la mala gestión y distribución de los recursos hídricos y a una cuestión de la demanda, que aumenta como factores de la “crisis”. En cambio los movimientos sociales hablan de la contaminación, del cambio climático, del injusto reparto, del crecimiento urbano y de las responsabilidades del modelo económico imperante en todo ello, como también de la importancia de entenderlo en el “contexto amplio de la globalización económica y su papel en promover la privatización y la mercantilización” (M. Barlow, 1999).

La “crisis del agua” dulce es un tema cada vez más discutido en foros internacionales, agencias de desarrollo, ONGs y movimientos sociales. El objetivo 7 de los Objetivos del Milenio es reducir hasta el 2015 a la mitad las personas que no tienen acceso a agua potable. Incluso el Comité del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales –acuerdo adoptado por los países miembros de la ONU en 1966- reconoció en noviembre de 2002 de forma explícita al agua como un derecho humano fundamental. ¿Pero son compatibles estas declaraciones con el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS)[4], los programas del Banco Mundial (BM) para subvencionar la gestión privada del agua, el Fondo de Agua de la Unión Europea (UE), las presiones por parte del World Water Council y del Global Water Partnership o con el hecho de que tres empresas francesas dominan 75% del mercado mundial de la gestión privada del agua? ¿No son las políticas globales -funcionales a las exigencias de la globalización- quienes realmente empeoran la situación, ya que tienen que violar los derechos humanos para cumplir con su función principal de generar beneficios?

El control de los recursos hídricos y el modo de suministro de agua siempre ha sido una expresión de intereses y de las relaciones de fuerza en la sociedad, pero también ha formado parte de las luchas sociales. Al tiempo que el agua está siendo privatizada, surgen formas de organización social y de resistencia que defienden el agua como bien común, dejando claro que es un aspecto en el que a parte de buscar soluciones técnicas y económicas para suministrar la humanidad con agua, se trata de imaginar el desarrollo de la sociedad, por lo tanto cargado de política y de ideología.

2. ¿QuiÉn se beneficia?

La gestión de la oferta mediante la financiación pública de megaproyectos de infraestructuras hidráulicas de regulación y distribución durante los últimos 40 ó 50 años ha permitido obviar, transitoriamente, la sensación de escasez, haciendo factible un incremento constante y espectacular de los recursos hídricos (Fdz. Durán, 2002). Los poderosos intereses del tradicional lobby del hormigón y de la electricidad, han presionado duramente en el seno de los gobiernos nacionales, de la Unión Europea, de las instituciones multilaterales (OECD) y financieras (BM, FMI) para la implantación de políticas hidráulicas para asegurar un suministro continuo de agua para explotaciones agrícolas y de energía para áreas industriales (automóvil, acero, micro tecnología). El numero de grandes presas creció de 5.000 en 1950 a 38.000 actualmente, desplazando más de 60 millones de personas. El BM había financiado hasta 1998 cerca de 538 grandes presas en 92 países. En el 70% de los casos no se cumplieron los objetivos de mejorar el suministro de agua potable[5].

Las políticas internacionales del agua han beneficiado sobre todo a las grandes empresas privadas de los sectores servicios (construcción, energía, turismo, finanzas, ocio), agricultura y alimentación así como la industria. Por otro lado favorecen la contaminación y el despilfarro y, con ello, la injusta distribución, con el fin de garantizar el funcionamiento de la economía de mercado. La agricultura intensiva, por ejemplo, utiliza 70% del agua potable mundial, y el 60% de esta agua no es aprovechada en el uso de sistemas de pulverización durante la irrigación. Sin embargo, explica Ricardo Petrella, en el Manifiesto del Agua, se sigue subvencionando la agricultura occidental con 347.000 millones de euros al año. “Sólo la mitad sería necesaria cada año para invertir en infraestructuras de agua y en 10 años todo el mundo tendría acceso a agua potable”, dice Petrella. Según la ONU reducir a la mitad las personas sin acceso a agua potable hasta el 2015 tendría un costo de 380 billones de dólares, lo que equivale a lo que todos los países del sur pagan al norte por el servicio de deuda o la cuarta parte del costo estimado de la guerra de Irak.

Desde hace tiempo se ha llegado a la conclusión que hemos descompuesto el equilibrio de la naturaleza con la sobreexplotación del agua, ya que estamos utilizando más de la mitad del agua dulce accesible en la tierra a un ritmo que el propio ciclo natural no puede regenerarse y para fines que dejan al agua inservible. La contaminación y salinación de los acuíferos y del agua subterránea a causa de las actividades mineras, agrícolas, industriales y domesticas es aún más alarmante con el bombeo de agua subterráneo a un ritmo que ha bajado los niveles de agua en todo el mundo. A esto se tiene que sumar el incremento de la degradación global de los ecosistemas por la expansión de modelos productivos altamente contaminantes y el derroche de agua en la agricultura intensiva y de exportación (impuesta por la revolución verde de los años 40 y los programas de ajuste estructural a partir de la década de los 70). El Nilo, el Ganges, el Yangtse, el Danubio o el Colorado han sido retenidos y trasvasados tantas veces a lo largo de su recorrido que agua potable no llega jamás al destino final. También las políticas de deforestación y el cambio climático como consecuencia de las emisiones de CO2 (tráfico motorizado y aéreo, consumo de energía, etc.) provocan una mayor crisis del agua. A estos factores hay que sumar los de la corrupción y el déficit democrático en la toma de decisiones políticas.

El consumo mundial del agua se ha doblado cada veinte años, a un ritmo dos veces mayor que el crecimiento de la población humana. Por lo tanto la “presión demográfica” no puede ser la causa “única” de la escasez. Los estudios "Las Mujeres y la privatización del Agua"[6] de la organización Women's Human Rights y “AGCS y Agua: el trato de las negociaciones de servicios en la OMC”[7] de Save the Children aseguran que gran parte de las carencias provienen de la enajenación de este recurso por parte de las políticas de instituciones internacionales como el BM y la Organización Mundial de Comercio (OMC), y de las transnacionales, lo que acarrea un encarecimiento de su valor y su consiguiente inaccesibilidad. La imposición de políticas económicas, monetarias y comerciales están creando miseria y pobreza para una parte mayoritaria del mundo.

3. Cambio de paradigma: del bien comÚn a la mercancÍa

A los intereses de los sectores industriales (energía, agrobusiness, alta tecnología, etc.) se ha unido desde los 90 el negocio multinacional de la gestión privada de aguas. La crisis del modelo económico (caída de la acumulación y crisis energética) en los 70 provocó la búsqueda de nuevos mercados e inauguró la fase de la mercantilización de los servicios públicos. Pero para redefinir el agua como “bien económico” tenían que ocurrir acontecimientos como la caída del muro de Berlín, haberse producido la Nueva División Internacional del Trabajo (economía de servicios en el Norte y producción industrial cada vez más en el Sur y Este) y desarrollarse políticas como los ajustes estructurales (Deuda Externa, abertura de mercados, liberalización del comercio, privatizaciones, etc.) del BM y FMI.

Hasta ahora dominaron en el mundo entidades de suministro comunales o públicos, basándose en la definición del agua como “bien común” que debe ser suministrada para el bien de todas las personas. Sin embargo hemos observado como a partir de la crisis económica mundial de los 70 lo “público” empieza ser criticado de “ineficaz” y que debe ser desmantelado y reestructurado. Por ejemplo hoy sabemos de las dimensiones de la dictadura militar de Pinochet, que instauró a punta de acciones “Cóndor”, desapariciones, torturas y centros de concentración el modelo neoliberal en Chile y con ello un experimento sangrante que dio paso a la privatización de las pensiones y del sistema sanitario, la eliminación de los sindicatos y la venta de los recursos naturales a empresas extranjeras.

En concreto los servicios públicos son duramente atacado a partir de los 80 por los procesos de “globalización”, “liberalización” y “privatización”, convertidos en los nuevos credos de la política económica a escala global. Bajo esta lógica el agua se convierte en una mercancía más. A partir de entonces sólo cuentan los costes de captación y suministro que “deben ser gestionados con criterios de la economía de mercado”.

Como consecuencia de las migraciones campo-ciudad (a causa de la revolución verde) la crisis en el suministro de agua esta íntimamente ligado a la creciente urbanización del mundo. Las políticas internacionales de urbanización han tenido gran influencia en la redefinición del agua como “bien económico”. Desde 1986 el Banco Mundial, por ejemplo, lanzó con mucho empeño sus “programas de gestión urbana” que en 1991 tomaron cuerpo en un posicionamiento político[8] que dio las orientaciones para una política local de austeridad en los gastos públicos[9], marcando una línea entre los que viven en la ciudad y pueden “disfrutar” los gastos públicos y los que viven en las afueras, las llamadas chabolas (slums), a las que nunca llega ninguna inversión pública. Además proponía incrementar la productividad del capital urbano a través de la financiación de la vivienda (quedaron las entidades privadas de crédito y desaparecieron las financiación de vivienda pública), del sector laboral informal, de los servicios urbanos (cada vez mas privatizados) como transporte, basura, agua, energía y sanidad intensificando la política del cobro del coste real (cost-recovery) (P. Bond, 2003). Como el resto de los servicios urbanos, el agua tenía que ser “productivo” y “rentable”. Lo triste del asunto es que fueron agencias de cooperación que impusieron a muchas ciudades del Sur la aplicación de la “urbanización neoliberal” condicionando los prestamos y donaciones.

Según Naciones Unidas en los primeros cinco años de los años 90 los gobiernos nacionales adaptaron sus legislaciones a 374 recomendaciones legales en relación con la inversión corporativa. 99% de estas legislaciones han eliminado regulaciones de negocio, promoviendo la inversión transnacional dejando a los gobiernos con cada vez menos herramientas para la protección social y ambiental.

4. La fÓrmula de la privatizaciÓn

Bajo el argumento de los enormes recursos necesarios para invertir en infraestructuras, y sólo la participación de empresas privadas (Privat Sector Participation, PSP) podría solucionar los problemas del sector, la política del agua se convierte en una cuestión de financiación, de acceder a una inversión capaz de generar beneficio y, en definitiva, de crear un mercado del agua.

En todos los casos en los que se negociaron la adjudicación de concesiones las instituciones estatales jugaron un papel central, tanto en la preparación de las conversaciones como en la negociación de las condiciones del contrato, lo que muestra que en vez de la llamada desregulación se traspasa poderes económicos y políticos como también competencias de control de las instituciones públicas (con un mínimo control democrático y formas de elección) al sector privado (B. Köhler, 2003).

¿Cuáles son las consecuencias de las privatizaciones en este sector? Las autoridades locales pierden el control democrático sobre los servicios urbanos y sobre decisiones estratégicas en el suministro de agua y el depósito de aguas residuales. Surgen monopolios en los que participan grandes inversores que por sus estructuras empresariales no pueden ser controlados. El poder legislativo será socavado en la medida que la gestión pública esta desmantelada y excluida de los servicios de agua. Los estándares para agua potable son ajustados a los niveles más bajos. Cuando se crea un “clima favorable” para la competitividad, bajan las calidades de los servicios por la externalización de costes laborales y la subcontratación de servicios técnicos a terceros que utilizan materiales más baratos para hacerse con el concurso de las obras. Surgen dudas sobre el riesgo que supone poner la vida en manos de una empresa privada que únicamente se rige por objetivos económicos. El objetivo de abastecer la población con cada vez mas cantidades de agua (para subir el beneficio) pone en peligro los ciclos regionales del agua. Con la creación de mercados de agua lo que se fomenta es el suministro a través de grandes redes interregionales que además de ser más costosos demanda infraestructuras más grandes (presas, trasvases) lo que quita la posibilidad de centrarse en un abastecimiento local, integral y autónomo. Cuestiones medioambientales como la protección de agua subterránea o de ecosistemas sólo son tomadas en consideración cuando es económicamente rentable a corto plazo, pero no para garantizar el derecho a un medio ambiente saludable para futuras generaciones, la óptica economicísta pretende hacer negocio, no ser la “hija de la caridad”. La financiación pública de la investigación en tecnologías y sistemas más sostenibles desaparece. Procesos de privatización siempre van de la mano de aumentar los precios sin consideraciones sociales (desigualdades, carencia de acceso de barrios menos favorecidos, etc.) y de una reducción considerable de la plantilla de trabajadores.

¿Quiénes pagan los costes de la privatización? Los consumidores bien a través de los presupuestos estatales que han financiado las obras públicas e infraestructuras ó financiado créditos y subvenciones para el saneamiento de las infraestructuras de los servicios públicos que luego son aprovechados por las empresas privadas; ó bien a través de los recibos de luz, gas, agua y teléfono (con un amplio margen de beneficio).

Empresas privadas gestionaron en 1990 el suministro del agua de unos 51 millones de consumidores en 12 países, en 2002 ya ascendieron a 300 millones en 56 países. Tres compañías francesas controlan el 75% del mercado mundial del agua. Estas son Suez Lyonaise de Eaux/Ondeo, Vivendi y Saur. La tercera empresa más importante es la eléctrica alemana privatizada RWE que compró Thames Water (GB). Una menor cuota de mercado tiene la constructora norteamericana Bechtel, que trabaja con United Utilities (GB), y Anglian Water. “Ellos apuestan porque el H2O va a suponer en el siglo XXI lo que el petróleo supuso en el siglo XX”, según la revista de economía “Fortune Magazine”. En 800.000 millones de euros estima el BM el negocio anual con la privatización del agua para el 2025. Vivendi Water ingresó en el 2001 por sus negocios de agua 13.640 millones de Euros, Ondeo 10.088 millones, RWE 2.746 millones y Saur 2.494 millones.

La dominación del mercado mundial del agua de un puñado de empresas multinacionales europeas fue posible por el apoyo que les prestaron desde los gobiernos europeos, la Comisión Europea y otras instituciones (CEO, 2003). Y por los antecedentes privatizadores en Inglaterra y Francia, en un primer momento (años 80), en Alemania, España y los demás países de la UE, en un segundo momento (años 90), que enriquecieron unas pocas empresas en muy poco tiempo. Los monopolios públicos en el sector de los servicios públicos fueron primero saneados con dinero público y luego privatizados (Inglaterra), o ellos mismos seguían siendo dueño del servicios pero externalizaron la gestión a empresas privadas (Francia). No se explicaría la penetración de capital europeo en la gestión del agua de las grandes urbes del Sur a partir de los años 90 sin tener en cuenta que la creación del mercado único europeo (con el aumento de tarifas del agua en un 100 o 150%, el despido de cientos de miles de trabajadores, la flexibilización del mercado laboral, y el deterioro de la calidad de los servicios) favoreció la proyección de las empresas europeas hacia los mercados mundiales.

No en vano son los servicios que hoy generan el 75% del Producto Interior Bruto (PIB) de la UE; solo en el año 2000 se facturaron unos 280.000 millones de dólares con el negocio de servicios medioambientales, una suma que se triplicará hasta el 2010.

5. El papel del Banco Mundial

El Banco Mundial considera los gobiernos de los países pobres incapaces de gestionar servicios públicos. La expansión de las multinacionales de agua no hubiera sido posible tampoco sin la intervención del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, ya que la gran mayoría de las privatizaciones fueron impuestos en los procesos de negociación y re-negociación de la Deuda Externa. La filial del BM, International Finance Corporation (IFC) ha estado directamente involucrado en los procesos de privatización de Argentina, Filipinas, Panamá y Colombia, mientras la Agencia de las Garantías para la inversión multilateral (MIGA) financió las inversiones privadas con créditos para la exportación.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han impuesto la privatización del agua como condición para otorgar préstamos; de hecho la privatización del agua y la eliminación de subsidios fue una condición en el 30% de sus acuerdos por país en el 2000 y en el 40% de sus acuerdos en 2001.

La investigadora Mariela Adela Rivera-Santander ilustra las consecuencias de la privatización del recurso en las mujeres: "En Cochabamba, Bolivia, su privatización ha provocado un aumento indiscriminado del precio hasta del 200 por ciento, en tanto en Guinea ha sido del 500 por ciento en cinco años". Rivera asegura que las mujeres jefas de familia en Colombia y Filipinas, cuando les cortan el servicio de agua por falta de pago, vuelven a utilizar el agua contaminada, lo que las expone a sufrir graves enfermedades y a dedicar horas al acarreo. Los pobres tienen que recurrir a otras fuentes de agua cuando la “política del cobro del coste real” les hace imposible a pagar.

Sabemos que el 80% de las personas  sin acceso a agua potable vive en las áreas rurales. Las multinacionales no tienen interés en suministrar estas áreas dispersos con una población pobre. Y el BM tampoco mostró una actitud diferente, menos de 1% de sus operaciones de prestamos entre 1993 y 2002 fueron destinadas para el suministro de agua y el saneamiento rural.

6. La creaciÓn de organismos para “gestionar la crisis”

En 1996, el momento de pleno auge de las adquisiciones de empresas públicas de servicios urbanos por multinacionales, el Banco Mundial plasmó su estrategia global para la entrada del sector privado en la gestión del agua con la creación de una serie de organismos y foros internacionales en los que colaboraron representantes de las instituciones financieras multilaterales, organizaciones de las Naciones Unidas, las multinacionales del sector de servicios (construcción, energía, servicios urbanos), los ministros del medio ambiente, agencias oficiales de ayuda al desarrollo y de la financiación de créditos de exportación y algunas ONGs, para poner en marcha dos iniciativas estratégicas: la fundación del Consejo Mundial del Agua (CMA) y el Global Water Partnership (GWP). El primero lidera la “visión global” de la gestión del agua y define las políticas internacionales del agua utilizando los Foros Mundiales del Agua (Marraquesh 1997, La Haya 2000, Kyoto 2003) como plataforma desde donde se propone, discute y legitima las actuaciones políticas (entrando en un supuesto “dialogo” con ONGs y actores sociales). El segundo órgano ejecuta las políticas, siendo su composición la misma que en el CMA, aunque predomina la participación de altos ejecutivos de las empresas multinacionales del sector. David Boys, representante de Public Service International, una federación sindical internacional que representa a 20 millones de trabajadores del sector público, calificó la estrecha relación entre estos órganos y las multinacionales como mafia del agua. Su principal campo de acción son los países del Sur, donde asesoran a los gobiernos en la adopción de las nuevas estrategias de gestión del agua basadas en su consideración de "mercancía económica", planteándoles formas concretas de privatización y de modificación de los marcos legales necesarios para ello (H. Rosenberger, 2003).

Estos organismos prepararon las intervenciones en los diferentes espacios creando un “ambiente amable” para la agenda privatizadora. En 1998, por ejemplo, se reunieron 84 gobiernos con la industria, corporaciones multinacionales e instituciones financieras en el Congreso Anual del Desarrollo Económico, que se suele celebrar justo después de cada asamblea anual del BM y FMI, celebrando paneles de discusión tan prometedoras como “Superar obstáculos políticos para la inversión en agua” y “El impacto para los negocios de las intervenciones multilaterales en la economía global: volver a visitar Bretton Woods”[10]. El objetivo era facilitar al sector privado la inversión en el sector agua. En una reunión de la ONU en París, del mismo año, fueron los gobiernos los que pidieron un papel mayor para el sector privado y así convertir al agua en una mercancía global, dirigido por las fuerzas del mercado y con precios más altos (M. Barlow, 1999).

A partir de la Cumbre Rio+10 (Johannesburgo, 2002) se utiliza además hábilmente la estrategia del “Desarrollo Sostenible”, con el argumento de la necesidad de gestionar eficazmente una recurso “escaso” se dan alianzas entre discursos medio ambientalistas y neoliberales en los Foros Mundiales del Agua que propician el lavado de cara (Greenwash) de las grandes empresas y sacralizan la monetarización del agua. El gran “éxito” de la cumbre de Johannesburgo fueron, según el BM, las “sociedades mixtas para el Desarrollo Sostenible” entre ONGs, instituciones de la ONU y el sector privado, la “nueva implantación de modalidades mixtas” que el BM tanto apoya en sus informes y recomendaciones.[11]

7. MÁs dinero pÚblico para seguir privatizando

Para justificar la ofensiva privatizadora a principios de los 90 se decía que únicamente la creación y la liberalización de mercados de agua, la eliminación de estándares y la inversión privada podrían solucionar los graves problemas de suministro en el mundo e instalar las infraestructuras necesarias. Sin embargo después de una década de privatizaciones en el sector de agua, el acceso mundial ha empeorado, las redes de suministro están en peores condiciones, la calidad de agua ha empeorado y los precios de agua han aumentado.[12]

A esto tenemos que añadir los problemas que las multinacionales más grandes del sector, Suez/Ondeo, Vivendi y RWE han tenido a la hora de reestructurar sus empresas y mantener la liquidez ante unas deudas gigantescas y la incapacidad de las poblaciones del Sur a pagar sus facturas de agua. En algunos casos tenían que retirarse de las concesiones adquiridas, antes de finalizar el contrato por incumplir los contratos o por un abusivo aumento de tarifas. Esto no se entendería si no lo enmarcamos en la crisis crónica y estructural de la economía mundial. La globalización, que se supone tenía que hacernos a todos más felices y más libres, se enfrenta cada vez a más límites geográficos, ecológicos, políticos, culturales y sociales: en 1997 la crisis financiera en el Sudeste Asiático y la caída de los “tigres asiáticos” (Indonesia, Filipinas, Tailandia, etc.); después de la crisis en Rusia (1998) siguió la caída de los valores de la nueva economía (NASDAQ) en el 2000 y el gran colapso en Argentina y la insolvencia de gran parte de la clase media (2001).

Luego de las escandalosas y fracasadas privatizaciones de agua como en Buenos Aires, Manila y Cochabamba, hemos entrado de lleno en la época de la “coparticipación entre el sector privado y el público”, lo que va a significar la formula más extendida de la nueva ola privatizadora en este momento. El mayor objetivo de la coparticipación son una vez más los grandes núcleos urbanos, esgrimiendo la necesidad de llevar el agua a todos los hogares urbanos en los contratos que se firmen de aquí en adelante.

La Cooperación Pública Privada (en ingles: Public Privat Partnerships, PPPs) significa en pocas palabras una “Privatización subvencionada por el Estado”. Los países y las instituciones donantes están prácticamente pagando en varias maneras las contribuciones de los aliados privados que logran además cubrir sus propios riesgos: se garantizan a las compañías unas mínimas ganancias en dólares; cuando empresas privadas de infraestructuras suben las tarifas -lo que hacen la mayoría de veces- generan una fuerte reacción por la gente afectada, el BM es entonces preparado a conceder subsidios para mantener bajas las tarifas, estos recortes de tarifas tienen que ser asumidos por el Estado; infraestructuras existentes están siendo reestructuradas y  reformadas antes que la contraparte privada las adquiera, usando cada vez más fondos para el desarrollo destinados a financiar la dote requerida por los aspirantes privados.

William Cosgrove, Vicepresidente del Consejo Mundial del Agua, dijo que las grandes empresas pueden dar clases de eficacia a los gobiernos locales. La Unión Europea (UE) argumenta que el sector esta sobreregulado y, en consecuencia, no es eficiente en el suministro de agua potable. En algunas regiones del mundo no es suficientemente rentable para que las empresas inviertan y, por lo tanto, el poder público - según la UE - debe hacerlas atractivas: ayuda oficial al desarrollo, ayudas públicas y garantías gubernamentales para las inversiones privadas. Esa autentica cascada de fondos públicos para inversores privados indica un intento de atraerlos a países y sectores industriales, donde nunca habrían invertido un duro de su propia iniciativa y por su propio riesgo (P. Niggli, 2002). Lo grave es que mientras las empresas multinacionales repatrían sus beneficios a los países de la matriz, el ente público de los contratos utilizará los ingresos a pagar la Deuda Externa. Se trata de una estafa perfecta, una protección completa del riesgo de inversión. Y, si eso ya no fuera bastante, hay fondos de créditos públicos multilaterales que participan en las PPPs, como, por ejemplo, la Institución de Créditos para la Reconstrucción (KfW) de Alemania que esta financiando con 38,9 millones de euros el mantenimiento del sistema de suministro en tres ciudades de Nicaragua, donde empresas privadas están participando en una cooperación pública-privada, que ahora se llama “asociación para el desarrollo”.

En junio del 2003 se reunieron los ocho países más ricos del mundo (G-8) en Evian (Francia), lugar conocido por su marca de agua embotellada de la marca Danone, empresa transnacional de alimentos. Allí se tomaron decisiones importantes - ya que Francia es el país que más énfasis pone en la privatización del agua. Jaques Chirac presentó el Plan Mundial del Agua y el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, el Fondo Europeo del Agua (FEA) que pretende destinar 1 billón de euros a PPPs en 77 países de África, Caribe y el Pacífico, las antiguas colonias de Europa. Ambas iniciativas son adaptaciones a las propuestas del antiguo director del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus[13], de utilizar dinero público y fondos de ayuda para el Desarrollo destinándolos hacia obras hidráulicas y sistemas de abastecimiento de agua construidos y gestionados por empresas privadas. Eurostep, una coalición de ONGs de desarrollo, explica que este dinero provendría del fondo europeo para el desarrollo.[14] Iniciativas para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria quedarían canceladas por falta de dinero público.

El documento de Prodi propone “facilitar instrumentos financieros para la intervención de operadores europeos, tales como garantías, seguros de riesgo, créditos blandos”. El FEA se basa en la Iniciativa Europea del Agua (IEA), lanzada por la UE en la cumbre de Johannesburgo y es básicamente un Fondo pro-privatizador. Documentos confidenciales, que el grupo de investigación holandés CEO[15] ha hecho públicos, muestran cómo la Comisión Europea ha trabajado mano a mano a todos los niveles con Suez, Vivendi y Thames Water en la elaboración de propuestas políticas. Uno de los actuales directivos de Suez, Ives Thibault, fue comisario de la Comisión Europea hasta el año 2000. No es de sorprender entonces que la UE facilita con el FEA “nuevas oportunidades”. La UE parte de la premisa que el papel del sector privado debe expandir aún más y muestra así el total fracaso de su política de desarrollo, en vez de apoyar el mejoramiento de sistemas públicos de agua en el Sur, condiciona la IEA a favor del sector privado y asegura que el dinero termina facilitando el crecimiento de multinacionales con base en la UE (D. Hall, 2003). De la ayuda europea del 2001 destinada al sector agua, solo 64 millones de euros fueron invertidos en proyectos concretos de agua, mientras 168,2 millones ayudaron a promover cambios administrativos y políticos, favorables a las privatizaciones, en los países del Sur. Se puede decir que ambos iniciativas, el documento Camdessus y la IEA, promueven el bienestar corporativo de las multinacionales como respuesta a la retirada parcial del sector privado. En la asamblea anual del FMI y del BM en otoño del 2003, James Wolfensohn, presidente del BM, llegó a lamentar la “falta de empresas de suministro que quieren entrar en el negocio de las infraestructuras”. Este desinterés es, al menos, sorprendente si tenemos en cuenta que Vivendi pronosticó todavía en 1998 un aumento de su cuota de mercado hasta el 2010 en América Latina de 10 a 60%, en África de 3 a 35% y en Asia hasta 20% (D.Hall, 1999). Entre 1885 y 1990 el BM firmó ocho contratos privados para proyectos de agua en los países “en desarrollo”, entre 1990 y 1999 (el año con más contratos) el numero de estos acuerdos subió a 190[16], la mitad de ellos eran concesiones de larga duración.

Pero a pesar de los aumentos de precios, la subvención a través de créditos de desarrollo por parte de instituciones financieras públicas y a pesar de las pocas inversiones propias, el sector privado tenía que confesar que no se cumplieron todas sus perspectivas, sobre todo las ganancias a corto plazo para poder tranquilizar los inversores en bolsa[17], un elemento cada vez más importante en la fase actual de la globalización económica. “Pensar que la ampliación de redes de suministro de agua se puede financiar con el pago de agua ha dejado de ser realista, por lo menos en los países en vías de desarrollo”, expresó el directivo de la empresa francesa SAUR, J.F. Talbot, en una conferencia del BM en el 2002.

Visto lo ocurrido en Argentina, donde ciento de miles de personas no tienen ni para pagar la comida y dejaron pagar la factura de agua (y Suez perdió 500 millones de dólares en consecuencia de la crisis económica[18]), el numero de proyectos en el sector agua con participación privada se había reducido a 21 en el 2002. Las instituciones financieras internacionales, los gobiernos y las compañías se ven enfrentadas con cada vez más problemas políticos, económicos y financieros que podrían afectar a largo plazo también la estrategia general de privatización de los servicios públicos. Si sumamos a lo anterior las resistencias de sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de consumidores que han dificultado el avance del sector privado en estos últimos años, podemos constatar que existe la esperanza de poder parar la privatización del agua y remunicipalizar lo ya privatizado.

Pero aún así, puede que el aflojamiento del ataque mercantilista sea sólo temporal y las “confesiones” de los señores Wolfensohn y Talbot intentan desviar la atención de las promesas incumplidas y de una estrategia fallida. Puede que solo sea una táctica para captar los fondos públicos y para endurecer las condiciones de los contratos de concesión. Las empresas obligan ahora a las administraciones públicas a incluir en las nuevas concesiones una “cláusula de dolarización” de las tarifas en caso de una depreciación de la moneda local y un “seguro democrático” contra cambios políticos. Los contratos de concesión a 20 o 30 años vistos permiten además a las empresas de servicios adjudicar las obras de ampliación o mantenimiento de las infraestructuras a sus subsidiarias lo que aumenta sus beneficios y el precio del agua, ya que inflan los costes de obras (como nadie lo puede controlar) que luego lo trasladan a las facturas de los consumidores.

El sector privado se concentrará principalmente en los sectores con mucho valor añadido: electricidad, gestión del agua en complejos turísticos (islas, playas, etc.) y el acceso a fuentes de agua no contaminada para su embotellamiento en la industria agroalimentaria. Otro de los objetivos de la nueva fase de privatización es el control directo sobre el recurso, como la compra de fuentes, manantiales y afluentes de ríos sanos. Las empresas de agua compran a campesinos los derechos de explotar fuentes agua y los venden a las ciudades. Peligroso también cuando las empresas controlan la totalidad de las infraestructuras de los servicios públicos ya que una empresa puede tener participaciones en diferentes multinacionales. Así por ejemplo Endesa controla las dos mayores compañías eléctricas chilenas (y las instalaciones hidroeléctricas correspondientes) que abastecen también a Santiago de Chile donde la empresa multinacional Aguas de Barcelona (AgBar), en la que Endesa posee 11,7% del capital, gestiona los servicios de agua en alianza con Suez/Ondeo desde 1999 (H. Rosenberger, 2003).

Expertos de la industria del agua esperan para el 2015 que las empresas privadas del sector suministran a mas de 1,16 billones de personas. Mientras el eje central de la privatizaciones durante los 90 ha sido en los países del Sur y del Este, vuelven a centrarse las multis en los mercados prósperos de Japón, Europa y Estados Unidos.[19] Para salvar el valor de los accionistas (shareholder value) empresas como Suez se han visto obligados de reorientar sus acciones, y un elemento central será la consolidación de sus actividades en los supuestos mercados “seguros” como la UE, los países del Europa del Este y China (D. Hall, 2003).

En un reciente estudio del World Development Movement[20], Claire Joy y Peter Hardstaff describen como “el gobierno británico emplea el dinero de los contribuyentes para impulsar la privatización del agua y de los servicios sanitarios en algunos de los países más pobres. Datos procedentes de esos países demuestran que esta privatización perjudica a los pobres y sirve los intereses de las empresas multinacionales”.

Según ellos el Department for International Development (DfID), la agencia britanica de cooperación al desarrollo, ha gastado millones de libras en concepto de ayuda para contratar a consultores, empresas a menudo británicas, para que éstos “aconsejen” a gobiernos de países en vías de desarrollo que entreguen la gestión de su agua a empresas extranjeras. “Y a pesar de los numerosos costes de la privatización para los pobres, Gran Bretaña encabeza una campaña internacional de creación de mecanismos destinados a financiar consultores en privatización. Entonces, el dinero de las ayudas para la reestructuración del agua y de los servicios sanitarios en los países pobres, que tanto lo necesitan, sólo llega si se acepta el plan de privatización de los consultores. Asimismo, Gran Bretaña desempeña un papel preponderante a nivel internacional en la búsqueda de formas de subvencionar empresas multinacionales para que se involucren en el suministro del servicio”, dicen.

El informe concluye que “la cuestión no es saber si hay una necesidad urgente de reformas políticas e institucionales para que la gente de los países en vías de desarrollo tenga acceso a servicios de agua y sanitarios en condiciones”. Se trataría, recalcan Joy y Hardstaff, “de saber cómo esto puede y debe ocurrir”. Sus investigaciones han mostrado que el “Plan A” de los gobiernos e instituciones donantes - privatización del agua y de los servicios sanitarios - está fracasando y “seguirá fracasando por una serie de motivos fundamentales”. Por otra parte, se ha podido demostrar que el gobierno británico desempeña un papel destacado en la búsqueda de soluciones favorables a la privatización. “El DfID sigue empeñado en buscar soluciones privatizadoras y su política del agua se articula sobre una inversión creciente del sector privado y una participación de éste en el suministro del agua y de los servicios sanitarios, a pesar de que se ha demostrado que este método ha fracasado.” El problema no es según WDM que no haya soluciones viables a la crisis del agua; el “Plan B” – con sus diferentes matices – está sobre la mesa. Sino que los gobiernos donantes de la AOD y las instituciones donantes (como el Banco Mundial) siguen obsesionados con el “Plan A”. (Joy/Hardstaff, 2005)

8. La UniÓn Europea como impulsor del comercio de servicios

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Muchos países del Sur no tienen regulaciones o tienen leyes muy pobres para proteger sus sistemas de agua. Y mientras el BM y otras instituciones prestan apoyo administrativo, siguiendo la lógica descrita aquí, para adaptar las leyes a la inversión extranjera directa, se está negociando acuerdos comerciales y de inversiones que están por encima de la ley nacional.

Desde el final de la última ronda de negociaciones comerciales en 1994 – la Ronda Uruguay – el pasaje político de las negociaciones comerciales se ha transformado, las normas y su organización vigilante, la OMC, son más poderosas y su alcance afecta a más áreas de las políticas nacionales. Es en la política internacional de comercio y de inversión donde el carácter antidemocrático de las instituciones de la UE más se revela. Durante años los grupos empresariales han trabajado para conseguir una Comisión Europea independiente y un mayor peso de Bruselas en asuntos comerciales (con el Tratado de Niza la Comisión arrancó a los Estados el poder de veto en más de 30 nuevas área). La Comisión tiene el poder legislativo en la política comercial común, determina la agenda y representa a todos los Estados miembros ante la OMC (y otras instituciones o cumbres internacionales). No es casual que en la futura Constitución Europea es uno de los ámbitos en los que la UE tiene competencia exclusiva.[21] Las decisiones más importantes sobre comercio e inversión se toman en el llamado comité 133, formado por funcionarios de los distintos ministerios de economía o industria y representantes de la Comisión. “Desarrollar sus políticas de comercio exterior entorno a los intereses de las empresas transnacionales es ya toda una costumbre” (Hoedeman, 2001).

Desde 1998 la Comisión forzó a los países miembros de la OMC a abrir una nueva ronda de negociaciones, que primero se llamó la Ronda del Milenio y luego, tras las protestas en Seattle y una mayor defensiva por parte de un grupo grande de países de la periferia, Ronde de Doha (o cínicamente la Ronda del Desarrollo). La complicidad entre Comisión y empresas fue tan descarada que la institución pública llegó a animar al sector privado de constituir entidades que elaborasen propuestas, y nombrasen las barreras claves de eliminar, que la Comisión llevase luego a las negociaciones en la OMC. Y así fue. Alrededor de 50 ETN formaron a iniciativa de la Comisión la Red de Inversiones y otras tantas empresas del sector de servicios fundaron el Foro Europeo de Servicios. Otro organismo importante de la política comercial europea es el “Diálogo Económico Transatlántico”, en el que coinciden el sector privado con las administraciones de EEUU y de la UE; unos para “tomar nota” lo que otros ponen encima de la mesa para una agenda política.

En la declaración final de la reunión de ministros de la OMC de noviembre de 2001 en Doha se estableció, entre otros compromisos, un calendario para la crítica fase de demandas y ofertas en las negociaciones del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS). La UE tabuló sus propuestas a países específicos en julio de 2002. En este momento ya se sabía que las propuestas de la UE apuntaban a 109 países, cubriendo un amplio rango de sectores de servicios y demandando la liberalización de servicios básicos en los países más pobres del planeta (LDCs). La UE pide a Bangladesh, por ejemplo, que tome compromisos en servicios medioambientales. Si el gobierno de Bangladesh tomara compromisos completos en este sector, pondría en cuestión las experiencias de la ciudad de Dhaka, donde las cooperativas obreras están involucradas en la gestión y recaudación de las tarifas de los servicios de agua y alcantarillado de la ciudad. Si el gobierno de Bangladesh accediera a las peticiones de la UE, entonces en Dhaka por ejemplo, cualquier política gubernamental que tuviera por objeto ampliar el modelo de las cooperativas, sería probable que estuviera violando este acuerdo. Más aún, un compromiso haría más difícil que ésta solución fuera viable en otros lugares de Bangladesh. Un análisis de la ONG inglesa World Development Movement (WDM) concluyó que la “afirmación de la UE de estar llevando una ‘agenda de desarrollo’ es retórica vacía. La UE está siguiendo una agenda apuntando tan sólo a los beneficios de las compañías multinacionales.”[22] Cualquier política gubernamental que tiene como objetivo de ampliar modelos de cooperativas, la provisión sin ánimo de lucro o sistemas de distribución participativos, sería probable que estuviera violando el AGCS. Además se cerrarían las puertas a la posibilidad de transferir experiencias, donde hay en funcionamiento sistemas hídricos sin ánimo de lucro de manera eficiente y seguro, de manera más amplia.

En la última cumbre de la OMC en Cancún (México) la Comisión, en persona de Pascual Lamy, hasta finales de 2004 comisario europeo de comercio exterior, fue aún más duro que Washington. La cumbre fracasó porque la UE tensó demasiado las cuerdas, haciendo caso omiso al Foro Europeo de Servicios y la patronal europea UNICE para negociar un acuerdo multilateral de inversiones y cerrar cuanto antes el nuevo AGCS. El grupo de los países G-20 (entre ellos India, China y Brasil) se negó a aguantar la prepotencia europea y se cerró en fila. La autocrítica posterior del sector privado fue: “La voz empresarial durante la Ronde de Doha no ha sido igual de fuerte como en la Ronda de Uruguay (1985-1994). Esto abrió la puerta a representantes de la sociedad civil para influenciar la OMC de una forma no siempre tan positiva” dijo Philip de Buck, presidente de UNICE, en noviembre de 2003 ante un auditorio empresarial en la India, y prometió que ellos “iban a presionar a sus gobiernos para que vuelvan a las negociaciones de la Ronda de Doha”.[23]

El 2005 es un año muy importante para el AGCS. Todos los países pertenecientes a la OMC deben finalizar sus peticiones de abertura del mercado de servicios como sus ofertas. Este proceso tiene como objetivo la definición de cuantos servicios se abrirán a la competencia internacional en cada país, y con cuales modalidades (M. Guainazzi, 2005). Naturalmente el AGCS es para la UE  “un acuerdo para el desarrollo, en tanto y en cuanto permite  atraer inversiones estables, que mejoran las infraestructuras y [...] garantizan el crecimiento a largo plazo”. Gracias a las futuras actividades de las empresas europeas en el sector del medio ambiente, el AGCS es también un acuerdo “para el desarrollo sostenible”.

Para mostrar la influencia de la UE en este sector valga el siguiente hecho como ejemplo. La agencia de noticias Reuters difundió recientemente el titular “La UE advierte a Argentina que resuelva el problema de las tarifas de servicios públicos”.[24]  Tras una reunión entre una delegación de la Comisión Europea y el gobierno argentino sobre la congelación de las tarifas de servicios públicos, Eneko Landaburu, director general para las Relaciones Exteriores de la UE, dio entender al ejecutivo de Buenos Aires que tenía que llegar a un acuerdo con las empresas europeas de servicios sino quería tener problemas con Bruselas. Era evidente que aquella visita de la Comisión era el resultado de la presión ejercida por las empresas europeas. Después de la crisis financiera de Argentina (2001) y la devaluación del peso argentino, las empresas[25] cobraban los recibos de luz, teléfono, agua y gas en pesos, mientras los contratos a la hora de comprar las empresas o adquirir una concesión de prestar servicios públicos fueron fijados en dólares americanos. El sector privado quería aumentar las tarifas pero el gobierno no lo autorizó y congeló las tarifas temporalmente. Como las negociaciones entre empresas y gobierno van lentas, llamaron a la puerta de Bruselas, según un responsable de la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión[26], para que ayude a presionar al gobierno argentino. También el FMI se prestó a echar una mano y dijo al gobierno de Kirchner que renegociara las tarifas. Incluso las embajadas de Italia, Francia, España y Holanda (que presidía la UE durante ese segundo semestre de 2004) han estado muy activas para mejorar las condiciones de sus empresas en Argentina.

9. Las multinacionales españolas y el negocio del agua

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La empresa francesa de servicios Suez es es la multinacional de agua dominante en América Latina. Suez es, junto con el banco catalán La Caixa, dueño del 48% de las acciones de Aguas de Barcelona (Agbar). Una empresa transnacional española de servicios que, a su vez, es dueña de cientos de empresas y consorcios relacionados con la gestión de agua, sanidad y servicios ambientales en el mundo entero, pero sobre todo en los países de América Latina. En países como Argentina y Colombia Agbar se apoderó de los recursos hídricos, subió las tarifas, dejó sin acceso a las poblaciones pobres y violó el derecho a la sindicalización.[27] Las operaciones de Agbar son, en efecto, parte del grupo Suez que controla la privatización pionera de Aguas Argentinas (junto con Vivendi –hoy Veolia Water- y Anglian Water), posee la primera concesión de agua de Brasil, en Limeira; la mayor de Chile, EMOS, en Santiago de Chile; la que subsistió en Bolivia, en La Paz, hasta que surgieron fuertes movilizaciones contra la presencia de la empresa privada. Por medio de AgBar controla también la concesión más antigua de Colombia, en Cartagena y incluso en La Habana, Cuba. Obtuvo el contrato de administración de Puerto Rico que ejerciera Veolia por siete años. Veolia[28] en América Latina tiene contratos menores a través de Proactiva, su inversión conjunta con la compañía española FCC. Aguas de Bilbao tiene una concesión en Argentina, AGBA (Aguas del Gran Buenos Aires), en una parte de la provincia de Buenos Aires. Esto es en una empresa compartida con la compañía constructora española Dragados/Urbaser y con Impregilo (de Italia). Y otra concesión en Uruguay, Uragua, junto con la compañía energética española Iberdrola. Urbaser y Dycasa, subsidiarias de la compañía constructora Dragados (hoy parte de la constructora ACS), tienen una concesión en la provincia de Misiones, Argentina. La industria del agua está entrelazada con otras actividades paralelas como son, la construcción de infraestructuras (canales de agua, caminos, embalses) y la generación de energía (centrales hidroeléctricas), así, empresas de distintos sectores, como construcción o electricidad, están empezando a dirigir su inversión hacia el sector agua. Dentro de las multinacionales españolas, las constructoras Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Dragados (fusionada con ACS), así como las compañías eléctricas Endesa, Iberdrola, Abengoa y Unión FENOSA están incrementando su presencia en el sector del agua.

10. Los casos de AgBar en Cartagena (Colombia)[29]

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El gobierno colombiano reduce paulatinamente la participación del Estado en la prestación de servicios públicos, promocionando la participación del sector privado en los servicios públicos domiciliarios, en gran medida controlados por empresas españolas. Con frecuencia varios servicios básicos están siendo privatizados al mismo tiempo con un impacto negativo acumulado.

La problemática del agua en Colombia se ve afectada tanto por las privatizaciones complejas como por el manejo del medio ambiente, deforestación y mal uso de tierras, mal manejo de las aguas residuales y desechos sólidos en las cuencas de los ríos. La oferta hídrica nacional está cercana a los 57.000 metros cúbicos anuales por habitante, en épocas normales, y 26.000 metros cúbicos anuales en épocas de sequía. Un estudio realizado por la OPS y la OMS en Colombia de 744 municipios, señala que el 29% cuenta con calidad de agua “mala” – no apta para el consumo humano. En el año 2001, la cobertura de acueducto a nivel nacional era de 96% en las ciudades grandes, de 87% en las medianas y de 82% en los municipios pequeños, en cuanto a alcantarillado, la cobertura urbana era de 88%, 87% y 60%, respectivamente. La calidad del servicio de acueducto, medida a través de la continuidad, se incrementó de 19,5 horas diarias en 1992 a 21,6 en el año 2000.

Se han documentado casos de mujeres jefas de familia de Colombia, en donde cuando les cortan el servicio porque ya no lo pueden pagar, vuelven a utilizar agua contaminada, lo que las expone a sufrir graves enfermedades y de nuevo se tienen que dedicar horas al acarreo o se dejan de pagar gastos de alimentación, salud o educación para contar con este servicio. Un caso ejemplar para dibujar esta situación es la privatización del suministro de agua en Cartagena.

En 1995, se creó una empresa conjunta público-privada, Aguas de Cartagena (Aguacar), para prestar los servicios de suministro de agua y saneamiento a Cartagena de Indias (900.000 habitantes). Aguas de Barcelona fue el único postor en un concurso internacional por 45,91% de la empresa. El gobierno municipal era propietario del 50%, y el restante 4,09% estaba en manos de varios inversionistas privados, la mayoría de ellos empleados de la compañía.

El municipio hizo de la privatización su objetivo primario, en detrimento de casi cualquier otra consideración; las necesidades de los pobres no se tomaron en cuenta en el contrato; el personal existente fue despedido y obligado a solicitar de nueva cuenta sus puestos de trabajo; las instalaciones fueron ocupadas por la policía y el ejército para derrotar la oposición sindical; la licitación y la adjudicación de la concesión quedaron “rodeados en el misterio”; el municipio carece ahora de capacidad profesional eficaz en agua y saneamiento, y está de hecho a merced de la compañía en las negociaciones. El resultado es que muchos de los pobres le resultan “invisibles” al contratista: la compañía afirmaba que para 1999 más del 90% de la población estaba conectada, mientras que ese mismo año un informe del Banco Mundial decía que “casi un tercio de la población, la mayor parte en los vecindarios pobres, carece de agua corriente y servicios básicos de saneamiento”. La afirmación de la compañía se basa en un cálculo excesivamente reducido de la población que debía atender, pues pasó por alto a quienes no residieran en la zona del municipio que se considera “urbanizada” según la ley.

Acuacar tomó a su cargo el suministro de agua y el saneamiento, pero con responsabilidad limitada de financiar inversiones. Apenas se le concedió el contrato estilo subarriendo por 26 años, Acuacar firmó un convenio de administración con Aguas de Barcelona a cambio del pago de cierto porcentaje de los ingresos totales de Acuacar. De manera que Aguas de Barcelona se beneficia tanto de la distribución de dividendos a los accionistas como del pago de un porcentaje por administración.

El acuerdo le ha permitido a Aguas de Barcelona obtener ingresos crecientes de sus operaciones de Cartagena, pues las cuotas de administración se calcularon como un porcentaje creciente del ingreso bruto de Acuacar. “En los primeros cuatro años de operación, la cuota de administración se fijó, respectivamente, en 2,94%, 3,37%, 3,82% y 4,25% del ingreso total. En 1999, Acuacar declaró ganancias de 1,96 millones de dólares. El mismo año, Agbar recibió un total de 2,1 millones de dólares por su participación en la concesión de Cartagena: 900.000 dólares en dividendos y 1,2 millones en cuotas de administración”. (En 2002, Agbar vendió sus otros intereses en Colombia, pero retuvo sus acciones en Acuacar.)

Otro rasgo llamativo de la asociación público-privada de Cartagena fue el aligeramiento de las obligaciones financieras de los servicios de agua municipales. Cuando se privatizó el suministro de agua, el municipio se quedó con la responsabilidad de pagar las pensiones del personal de la antigua compañía de agua de propiedad municipal. Esta pesada obligación financiera, actualmente 8 millones de dólares al año, reduce los fondos disponibles para inversiones sociales en salud y educación. Este factor se debe tener en cuenta cuando se evalúan las consecuencias globales de la asociación público-privada para los pobres de la ciudad.

Finalmente, la asociación público-privada de Cartagena socava el control democrático local de los servicios de agua. El municipio de Cartagena carece del respaldo técnico mínimo en sus negociaciones dentro de la empresa conjunta. Desde todos los puntos de vista es un ‘socio secreto’. No obstante, por desatender deliberadamente el forjar la capacidad de su propia organización, el municipio se arriesga a consecuencias muy negativas para las posibilidades de continuar la sociedad a largo plazo.

En Cartagena aumentará el precio del agua en un 570% para el año 2010, con grave impacto en la vida especialmente de las mujeres y, niñas y niños desplazados. Hay tres razones principales para estos aumentos: 1. la avaricia de las compañías españolas y los acuerdos que les permiten repatriar la totalidad de sus ganancias; 2. el pacto de préstamos en dólares por servicios pagados en moneda local; y 3. la condición impuesta por el Banco Mundial de terminar con los subsidios.

En este momento solamente un 8% de las aguas residuales son tratadas, el resto se canaliza a las lagunas, ciénagas y lagos situados en las zonas marginales de la ciudad, causando un deterioro irreversible a los humedales y un riesgo grave para la población que utiliza éstas aguas para usos domésticos. Existe mucha preocupación por el proyecto (parte del Plan Maestro) de Aguacar, de vertir las aguas negras sin tratamiento al mar, poniendo en riesgo los ecosistemas de la costa atlántica y a la población misma por los posibles focos de infecciones que puede provocar.

Otro principal problema es que la empresa determina que áreas ellos van a cubrir, excluyendo áreas importantes (con más de 100.000 habitantes), especialmente de extrema pobreza, una importante parte de la población desplazada (refugiados internos) sin recursos económicos no tiene acceso a agua potable con regularidad.

11. … y el Canal Isabel II en Santa Marta[30]

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La compañía colombiana de agua Triple A (AAA) está controlada por las compañías españolas Canal de Isabel II —compañía de agua propiedad de la Comunidad Autónoma de Madrid— y Tecvasa, compañía privada de Valencia. En Colombia, Triple A tiene operaciones en Barranquilla, Santa Marta, Soledad y Puerto Colombia. La concesión por 20 años para prestar servicios de agua al municipio de Soledad, Colombia, con alrededor de 400.000 habitantes, se le otorgó en diciembre de 2001.

En 1989 se constituye la compañía del Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta (Metroagua). Su patrimonio está constituido por un 51% de acciones de la empresa Triple A, 36% de particulares locales y 13% del Distrito.

Metroagua aún siendo una empresa mixta, sigue siendo una empresa corta en sus operaciones en lo que tiene que ver con su capacidad de desarrollar proyectos, la calidad del agua sigue siendo muy baja y en temporadas de bajas precipitaciones existe una fuerte escasez de recursos hídricos que afecta sobre todo a la población de extrema pobreza. Además se pierde la mayor cantidad de agua por el mal estado de las infraestructuras que no están siendo renovadas suficientemente por la empresa mixta. La empresa no está obligada a invertir un solo Dólar de sus ingresos para desarrollar nuevos planes y infraestructuras. Por lo tanto no ha evolucionado el desarrollo y funcionamiento del acueducto y alcantarillado de la ciudad, teniendo en cuenta que uno de sus accionistas, el Canal Isabel II, es una empresa publica que en España tiene uno de los mejores sistemas de abastecimiento y saneamiento.

Metroagua ha formado Comités Cívicos que no tienen ninguna autonomía y su rol se limita a convencer a sus co-ciudadanos a pagar más por el agua. En barrios pobres de Santa Marta llega el agua de modo eventual cada 2 o 3 días y muchas veces de madrugada. Dada la situación de pobreza que presenta la población periférica, a la cual no le llega servicio de agua alguno, la comunidad se tiene que abastecer del agua por medio de carro tanques o mangueras improvisadas de los colectores principales.

Hay que considerar que tanto Cartagena como Santa Marta son dos ciudades de concentración importante de desplazamiento, generado por el conflicto interno y de los niveles de pobreza por encima del 65%. No existe en los contratos con los empresas mixtas el derecho de toda la población civil a recibir servicios básicos, por lo que los pobres son excluidos de las actividades de las empresas de agua, aún cuando las privatizaciones reciben fondos públicos, entre otros del Banco Mundial que supone está luchando contra la pobreza y sus causas. Al no contar con los recursos para acceder a un agua de calidad, el no-acceso al agua potable, como satisfacción de una necesidad humana básica, refuerza el círculo de pobreza especialmente para las niñas y los niños de las poblaciones marginadas, quienes se ven, de nuevo, obligados a dedicar de tres a cinco horas diarias buscando agua cara y de mala calidad que representa un grave riesgo para su salud.

Hay que considerar, sin embargo, que ambas empresas de los casos vistos, Acuacar y Metroagua, declararon ganancias netas, repatriadas por las empresas extranjeras, en este caso españolas.

12. Apuntes finales

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64 organizaciones europeas e internacionales han dirigido el Día Internacional del Agua, el 22 de marzo de 2005, una carta al comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel, para que la UE y sus Estados miembros cambien su política de agua. Preocupador cómo la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) e influencias políticas han sido utilizadas para promover privatizaciones en este sector.

Así la UE lanzó el año pasado, por ejemplo, una iniciativa para facilitar la inversión privada en la gestión de agua potable de los países de Africa, el Caribe y Pacífico, dotado con más de 500 millones de euros. La Comisión Europea dice que esta iniciativa ayudará alcanzar los Objetivos de Milenio. Sin embargo la experiencia en muchos países en vía de desarrollo ha demostrado que la apertura del mercado de abastecimiento y distribución de agua para uso humano a la libre competencia internacional, y su consecuente privatización, suele conllevar un importante degrado en la calidad del abastecimiento, y un encarecimiento de las tarifas más allá del alcance de las capas más pobres de la sociedad. Donde la privatización se ha llevado a cabo, se ha mermado el acceso universal a agua potable de calidad - reconocido como un derecho humano por Naciones Unidas - con dramáticas consecuencias a nivel sanitario y social.

Pero tampoco en los países industrializados la privatización del agua – en el Estado español alcanza ya una cuota del 36% - ha mejorado el servicio. De hecho donde mejor funciona son entidades públicas que están gestionando el servicio.

La ola de privatizaciones durante la década pasada ha sido un experimento fallado. El descontento ciudadano donde operan empresas privadas esta creciendo, ya que las empresas son incapaces de proveer agua potable a los pobres. Ejemplos concretos lo han puesto de manifiesto: Bolivia, Argentina, Ghana, Uruguay, Indonesia, Filipinas. Incluso las empresas lo han reconocido: para generar beneficio tienen que invertir únicamente en cuidadas grandes y ricas. Además la inversión privada no ha traída la esperada financiación para los sistemas de agua y saneamiento de los más desfavorecidos como aseguraron los responsables de las políticas de privatización.

A pesar de eso la UE insiste en que la agenda de las negociaciones comerciales deben lograr la inclusión de agua en las actuales negociaciones del AGCS, porque bajo las reglas de la OMC éste servicio no podría retornar al sector público, aun cuando la empresa privada no cumpla con las condiciones del contrato. El Ministerio español de Industria y Comercio está llevando a cabo, en nombre del Gobierno español, las negociaciones para finalizar las peticiones de abertura de los servicios a la competencia internacional, que UE presentó el en marco del AGCS. Las organizaciones sociales exigen que se eliminen estas peticiones. O dicho de otra forma: las negociaciones del AGCS están en absoluta contradicción con los Objetivos del Milenio, supuestamente una de las banderas de José Rodríguez Zapatero en su “lucha contra la pobreza”.

Gobiernos europeos y instituciones financieras internacionales desarrollan en cambio cada vez más instrumentos para garantizar el beneficio corporativo, ignorando el hecho que son entidades públicas que abastecen la gran mayoría de la población mundial con agua y que el sector privado es parte del problema y no la solución. En este sentido la UE tiene un papel decisivo para asegurar que programas de AOD sobre agua y saneamiento en países del Sur no se inclinan a favor del sector privado. La Iniciativa Europea del Agua (EU Water Facility) debe ser reorientada de la actual preocupación por una mayor expansión de las empresas privadas europeas hacia el apoyo político, técnico y financiero de entidades públicas. Empresas públicas europeas deben comprometerse a conseguir los Objetivos del Milenio porque el sector privado no lo hará jamás.

El enfoque del debate global sobre el agua tiene que responder a la pregunta: ¿Cómo mejorar y expandir agua pública en todo el mundo? La respuesta exige coherencia en las acciones políticas de la UE y sus Estados miembros. Palabras y buenas intenciones no son suficientes.

Cada vez más organizaciones exigen compromisos claros en la defensa del agua como bien común. Estos compromisos pasarían por aumentar la AOD en servicios públicos (agua, energía, sanidad, educación), sin engrosar la deuda externa (eliminando los créditos blandos) y ligada a una gestión pública. Para ello se debe establecer según la carta dirigida a Luis una alianza entre entidades públicas gestoras de agua y promover una cooperación sin ánimo de lucro. Para eso empresas como Aguas de Barcelona, FCC y el Canal Isabel II deben retornar al dominio público el agua que han privatizado, en el Sur y también en el Norte.

Por otro lado los gobiernos deben abandonar las políticas de crédito condicionadas a liberalizar los servicios medioambientales (entre ellos el agua) que están dominando el ámbito de las instituciones financieras internacionales (BM, BID, FMI), todas entidades promotoras de la privatización. Las negociaciones del AGCS deben pararse inmediatamente. Y la UE debe además cesar las presiones sobre los países del sur para que liberalicen sus servicios públicos mediante las negociaciones comerciales en la OMC y entre bloques comerciales (UE-Mercosur, UE-Mediterraneo). Una moratoria mundial sobre la privatización de cualquier servicio publico podría ser una de las apuestas políticas de los movimientos sociales y políticos. Porqué las autoridades locales son quienes deben garantizar la prestación de todos los servicios públicos con calidad y cercanía al ciudadano.

 

[1] 1) Cholera and the Age of the Water Barons. Washingthon, 2003. http://www.icij.org  2) NGO fears cholera outbreak, blames MWSI for Tondo crisis – http://www.tribune.net.ph/20031030/metro/20031030.met01.html / Mayniland kills (Philippine Water Vigilance Network)

[2] El País- Negocios. 39% de las bebidas corresponden a agua embotellada.

[3] La mayor parte de los 18.000 millones de toneladas de aguas residuales sin tratar que se generan en las urbes cada año de las que sólo se procesa un 10%- es vertida directamente en ríos y lagos. Los científicos chinos han hallado una relación entre el agua contaminada y el elevado número de casos de cáncer de hígado, estómago y esófago registrados en el país. Ver también: “Los problemas del desarrollo en China. Más dinero, más bienestar, más conflictos. ¿Existen soluciones?” Jasper Becker en National Geographic, Marzo 2004.

[4] AGCS (sus siglas en ingles: GATS): Cuando el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT según las siglas en ingles) se convierte en la OMC en 1994, el comercio de servicios es uno de los pilares fundamentales y uno de los 28 acuerdos comerciales internacionales administrados por la OMC. El AGCS figura entre los acuerdos comerciales cuya aprobación se hizo obligatoria para cada país que quiere ser miembro de la OMC. El AGCS abarca todos los servicios existentes y desde 2000 se está negociando una versión ampliada del acuerdo para restringir aún más las capacidades gubernamentales y construir un arma eficaz a favor de la privatización de todos los sectores públicos, incluido el suministro y saneamiento de agua.

[5] Campagna per la riforma della Banca Mondiale: L’acquolina della Banca Mondiale. Come la Banca Mondiale si prepara all’Anno Internazionale (sul profitto) sull’Acqua. Roma, 2002.

[7] Hilary, John: GATS and water: The threat of services negotiations at the WTO. Save the Children, 2003.

[8] World Bank (1991): Urban Policy and Economic Development: An Agenda for the 1990s, Washington DC.

[9] Dirigido sobre todo hacia las autoridades de los urbes en expansión del Sur.

[10] Bretton Woods es el lugar donde en 1944 se crearon los instrumentos financieras internacionales del capitalismo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para ajustar el mundo entero a las reglas del juego de un sistema económico que en aquel momento dictó la administración de EEUU como fuerza vencedor de la II. Guerra Mundial.

[11] Environment Matters at the World Bank. Annual Review, 2003. http://www.worldbank.org/environment

[12] “Argentina amenaza a la filial de Aguas de Barcelona con rescindir si no invierte en mejoras del servicio” El País, 27/11/2003

[13] Informe Camdessus, presentado en el III. Foro Mundial del Agua, Kyoto, marzo de 2003.

[14] CEO. Water Infobrief 6 (Amsterdam, Mayo 2003). Evian. Corporate Welfare or Water for All?

[17] Las acciones de las tres compañías más grandes –Suez/Ondeo, Veolia/Vivendi y RWA- han perdido valor en bolsa desde el 2002 por las deudas gigantes acumuladas (resultado de la compra de otras empresas), la mala gestión en las empresas matrices y un margen de beneficio poco prometedor a corto plazo. Fuente: Süddeutsche Zeitung, 27/08/2003

[18] Hall, David: Water Multinationals – no longer business as usal. PSIRU, Greenwich, 2003.

[19] En el Estado español esta nueva ola de privatizaciones tiene su reflejo en la privatización del agua en Alcalá de Henares, León y Huesca.

[20] Joy, Claire/ Hardstaff, Peter: “Ayuda sucia, agua sucia - El gobierno británico presiona para que se privaticen el agua y los servicios sanitarios en los países pobres”, World Development Movement, Londres, 2005.

[21] Art. I-13

[22] Un análisis preliminar de las peticiones de la UE relacionadas con el AGCS a 109 países miembros de la OMC (Abril 2003)

[23] Erik Wesselius: The corporate trade agenda post-Cancún

[24] Reuters: “EU warns Argentina to solve utility problem” 14-12-2004

[25] Suez Lyonaise de Eaux/Ondeo, Vivendi y Elecricite (Francia), Telefónica, Aguas de Barcelona y Endesa (España), Italia SpA (Italia), etc.

[26] Conversación entre el Sr. Klom de la DG Relaciones Exteriores y la unidad de investigación Corporate Europe Observatory (CEO)

[27] 1) Water privatisation in Latin America, 2002. http://www.psiru.org  / 2) Unidad de Formación e Investigación sociológica CABO DA ROCA: Entrevista con el sindicato colombiano SINTRAEMSDES sobre la privatización de la empresa municipal de agua en Cartagena de la Indias y la persecución del movimiento sindical en Colombia.

[28] Veolia Environment es empresa lider mundial en los servicios al Medio Ambiente

[29] según datos de Hall, David y Lobina, Emanuela: Privatización del agua en América Latina, PSIRU, 2002.

[30] según datos de Hall, David y Lobina, Emanuela: Privatización del agua en América Latina, PSIRU, 2002.

 

abril de 2007, número 11
 
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BITS nº 16, Diciembre 2011
Boletín Informativo de Trabajo Social - ISSN 1578-9578
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