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" Los Centros Base y la expediciÓn del Certificado de MinusvalÍa "
 
Juan AndrÉs Buedo
Director del Centro Base de Cuenca
 

1.- Definición de la discapacidad.

2.- Personas con discapacidad en España.

3.- Obtención del Certificado de Minusvalía.

4.- Aplicación sistemática de los baremos.

5.- Planteamientos del Certificado de Minusvalía desde el Trabajo Social.

Bibliografía

 

1. DefiniciÓn de la discapacidad


La creciente importancia adquirida por la discapacidad en el mundo actual es debida, por una parte, al incremento cuantitativo de las situaciones de discapacidad (envejecimiento de la población, personas que sobreviven a accidentes y enfermedades que antes eran mortales...) y, por otra, a la toma de conciencia de que es necesario aprovechar las capacidades, los conocimientos y la contribución al desarrollo que pueden hacer las personas con discapacidad. Así lo constata el Informe al Club de Roma sobre el futuro de las personas con discapacidad en el mundo, elaborado por Rafael de Lorenzo García. Este mismo documento[1] confirma que la lucha que las personas con discapacidad vienen desarrollando para lograr la participación y la igualdad se ha constituido en un paradigma de la defensa de la diversidad y de la búsqueda de soluciones innovadoras e inclusivas para el futuro de la Humanidad.

Las personas con discapacidad han recorrido ya un largo camino hacia la consecución de la ciudadanía de pleno derecho, en un proceso en el que se han aunado los esfuerzos de las familias, las asociaciones de personas con discapacidad, los profesionales y las instituciones. Pero son todavía muchos los obstáculos físicos y las barreras sociales que limitan su participación en la sociedad.

Miguel Angel Verdugo et al, en su análisis de la normativa y la legislación española más relevante sobre la discapacidad, armonizan las definiciones que de ésta se ofrecen en nuestro país, y, por su esmero social, hace que no podamos sustraernos al legítimo comentario que nos ofrecen sobre las normas jurídicas destinadas a las personas con discapacidad, que cumplen una función protectora, derivada de la situación peculiar que estos ciudadanos viven.

Función protectora que se configura como una acción solidaria tendente a la completa normalización e integración de estos ciudadanos en la sociedad. La protección de las personas con discapacidad, supone el reconocimiento de una serie de derechos sociales específicos para este colectivo, que responda a sus necesidades peculiares. Derechos sociales que se manifiestan como la respuesta a determinados problemas sociales.

Una muestra del reconocimiento de estos derechos sociales la encontramos en la formulación de diferentes leyes que han sentado las bases y precedentes para la actuación en el ámbito de la discapacidad y que son objeto del análisis realizado por Verdugo y su equipo.

La Constitución Española, en su artículo 49, establece que los poderes públicos ampararán especialmente a las personas con discapacidad para el disfrute de los derechos que el título primero otorga a todos los ciudadanos españoles. Con este fin nace la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, que vino a significar una primera definición de ese amparo especial que la Constitución reconoce a las personas con discapacidad. Se hace por ello imprescindible un análisis de la Constitución y la Ley 13/82 de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos (en adelante LISMI), desde el punto de vista de su implicación con la Seguridad Social.

La LISMI es la primera Ley en España que establece una serie de derechos sociales para las personas con discapacidad. Esta Ley se configura como una ley marco, estableciendo como tal las pautas de actuación en materia de discapacidad. Además, es de obligada referencia al ser pionera en la formulación de una serie de derechos sociales para las personas con discapacidad y porque en base a ella se establecen los criterios para calificar a una persona como minusválida.

La definición de discapacidad sólo se encuentra en la LISMI, las demás normas en materia de discapacidad, cuando tratan de definirla, nos remiten siempre al mismo precepto mediante el empleo de la siguiente expresión: “recibe la condición de minusválido aquella persona que haya sido reconocido como tal por los órganos administrativos competentes”. Tanto los órganos como los criterios a seguir para la calificación de la minusvalía se encuentran definidos en esta norma. Por ello, hemos considerado pertinente, en mimetismo con las enseñanzas de M. A. Verdugo[2] en su informe, el prontuario definidor del Real Decreto 1971/1999.

Da ese análisis un breve repaso a la actual legislación española en materia de discapacidad, subrayando que nos encontramos con que ésta siempre lo hace en términos de minusvalía o de discapacidad. Sin embargo esto no siempre ha sido así, y por eso hace un repaso de la Evolución histórico social de la definición de la discapacidad en la legislación española, al cual nos remitimos en sus detalles, que comentan las ataduras a la dicotomía normal/anormal. Lo fundamental es que, como bien se dice ahí, el empleo de todos esos términos para referirse al colectivo de discapacitados, tiene consecuencias negativas en la formulación de las políticas sociales tendentes a su rehabilitación e integración social.

Solo a partir de la promulgación de la Constitución de 1978, en nuestra legislación se emplean indistintamente los términos minusvalía y discapacidad. El término minusvalía –que proviene de minus (menos) y valía- significa el detrimento o disminución del valor que sufre una cosa. Centrándonos en el significado del termino valía, este hace referencia a la cualidad de la persona que vale: que tiene condiciones especialmente estimables; particularmente de carácter intelectual. Valer significa ser útil, referido a personas supone tener más o menos mérito o inteligencia. Determinar el valor de una persona es un concepto totalmente subjetivo y que varía de unas sociedades a otras y de unas épocas a otras. Así pues, se puede afirmar que minusvalía es un término con connotaciones sociales negativas y que supone una depreciación de la persona en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el más importante en nuestra sociedad actual, como es el empleo[3].

En el Titulo II de la LISMI, se establece quiénes son los titulares de los derechos que establece esta Ley. En su artículo 7, nos encontramos con la siguiente definición: “…se entenderá por minusválidos toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidos como consecuencia de una deficiencia previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales.”

En su título IV, establece el diagnóstico y valoración de las minusvalías. En su artículo 11, se expone que “las calificaciones y valoraciones de los equipos multiprofesionales responderán a criterios técnicos unificados y tendrán validez ante cualquier organismo público”. Con el fin, de unificar los criterios de valoración y calificación de las minusvalías, se estableció en un primer momento el Real Decreto 1723/1981 de 24 de julio, sobre el reconocimiento, declaración y calificación de las condiciones de subnormal y minusválido. Este Real Decreto ha ido sufriendo constantes modificaciones a lo largo del tiempo hasta el actual Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

Esta norma se reafirma en lo expuesto en la LISMI al declarar que “la calificación de grado de minusvalía constituye una actuación facultativa única en lo que se refiere a los equipos competentes para llevarla a cabo y a los baremos determinantes de la valoración.”

De la misma forma que hace Miguel Ángel Verdugo, no podemos sustraernos tampoco a su conclusión: “... es determinante que previa a la declaración de la condición de minusvalía se realice un diagnostico médico que posteriormente se completará con un informe social, siempre y cuando se haya obtenido un determinado grado de minusvalía en la parte médica. Tal y como puede observar, las deficiencias físicas reciben un mayor tratamiento que las deficiencias psíquicas, tal vez porque los criterios médicos sean más claros en los primeros y no así en los segundos”.

En la mayor parte de los países europeos, incluida España, se han venido utilizando históricamente nociones de discapacidad que incidían en los aspectos médicos, como consecuencia del modelo médico imperante en la consideración de la discapacidad. Superada esta forma de entender la discapacidad, las nociones actuales ponen más el acento en el hecho social que supone la discapacidad. La terminología más actualizada considera la discapacidad como un constructo social resultado de la interacción de diversos factores. Una definición aproximada sería:

La discapacidad, circunstancia personal y hecho social resultante de la interacción de un entorno inadecuado pensado para el parámetro de individuo “normal” con la diferencia que presentan algunas personas, es una manifestación más de la diversidad humana, que una sociedad inclusiva y abierta ha de acoger como elemento enriquecedor que ensancha la humanidad y le agrega valor.

2. Personas con discapacidad en España

2.1. Idea y significado de la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía

Según la CIDD (Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías) de la OMS (Organización Mundial de la Salud), Deficiencia  es toda pérdida o anormalidad, permanente o temporal, de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida de una extremidad, órgano o estructura corporal, o un defecto en un sistema funcional o mecanismo del cuerpo.

La deficiencia supone un trastorno orgánico, que produce una limitación funcional que se manifiesta objetivamente en la vida  diaria. Se puede hablar de deficiencias físicas, sensoriales, psíquicas.

·        Físicas: afectan a personas con problemas como amputaciones, malformaciones, parálisis, pérdidas de movilidad o enfermedades crónicas, que impiden llevar una vida normal o hacen necesario el uso de determinadas ayudas técnicas.

·        Sensoriales: afectan a personas con problemas de visión, audición o lenguaje.

·        Psíquicas: afectan a personas con enfermedades o trastornos mentales, como quienes padecen Síndrome de Down.

En ocasiones la misma persona padece simultáneamente dos o más deficiencias.

Discapacidad es, según la citada clasificación de la OMS, “toda restricción o ausencia debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen considerado normal para el ser humano”. Puede ser temporal o permanente, reversible o irreversible. Es una limitación funcional, consecuencia de una deficiencia, que se manifiesta en la vida cotidiana. La discapacidad se tiene. La persona “no es” discapacitada, sino que “está” discapacitada. Las discapacidades se pueden aglutinar en tres troncos principales: de movilidad o desplazamiento, de relación o conducta y de comunicación.

En la actualidad, como vimos más atrás, se está redefiniendo el término discapacidad, como falta de adecuación entre la persona y su entorno, más que como una consecuencia de la deficiencia de las personas.

Minusvalía es “la situación desventajosa en que se encuentra una persona determinada, como consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limita, o impide, el cumplimiento de una función que es normal para esa persona, según la edad, sexo y los factores sociales y culturales”. Una persona es minusválida cuando se le niegan las oportunidades de que se dispone en general en la comunidad y que son necesarios para los elementos fundamentales de la vida.

La minusvalía incluye tres factores:

·        La existencia de una desviación respecto a la norma.

·        Su importancia depende de las normas culturales. No se valora igual en todas las culturas.

·        Suele suponer una desventaja que puede ser de independencia física, de movilidad, de ocupación y de integración social.

El Real Decreto vigente en España equipara discapacidad y minusvalía, al conceder la calificación de minusvalía automáticamente, en cuanto se alcance un determinado grado de discapacidad, sin que sea precisa la existencia de factores que limiten el desempeño de roles normales en el caso del individuo a calificar.

Podemos decir que la calificación legal de minusvalía es el documento oficial que acredita que una persona precisa de más apoyos que la mayoría. No significa que esa persona valga menos que los demás, sino que se trata del documento administrativo que facilita el acceso a determinados derechos y beneficios reservados a la persona con discapacidad. Por lo tanto, pese a los prejuicios de orden semántico que podamos tener, siempre es beneficioso obtener la calificación de minusvalía, que no limita en nada a la persona sino que le proporciona apoyos.

2.1.1. Clasificación de las discapacidades

En 1991 el entonces INSERSO (Instituto Nacional de Servicios Sociales), y para el tratamiento informático de la información contenida en los expedientes de valoración, elaboró los Códigos de Deficiencia, Diagnóstico y Etiología, con los que se trata de ordenar las situaciones patológicas que pueden padecer quienes solicitan el reconocimiento del grado de de minusvalía. El concepto de deficiencia es el mismo con el que la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud define el primer nivel de consecuencias de la enfermedad, si bien ha sido necesario adaptar la estructura de la OMS a la información contenida en los dictámenes.

    Los códigos de deficiencias contienen un total de 105 items, a cada una de las cuales le ha sido asignado un código numérico. Para facilitar el tratamiento de los datos, las deficiencias se agrupan según la estructura o función alteradas.

Las clases de deficiencias que resultan de esta agrupación son los siguientes:

       Osteoarticulares

       De los Sistemas Nervioso y Muscular (neuromusculares)

       Visuales

       Auditivas

       Expresivas

       Mentales: retraso mental y otros trastornos mentales

       De los órganos internos y de la piel

       Mixta

       Otras

2.1.2. Datos reveladores y de interés

La información recogida en “La Base de datos estatal de personas con discapacidad” es el resultado de un programa iniciado en 1992 por el hoy extinguido INSERSO –continuado en el vigente IMSERSO[4]- y las Comunidades Autónomas, con el fin de que todos los Organismos que se dedican a la atención de personas con discapacidad, puedan disponer de información sobre las características de los ciudadanos que fueron reconocidos como minusválidos con anterioridad a la publicación del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre y posteriormente con un determinado grado de minusvalía, por los órganos administrativos competentes de todo el Estado, desde el principio de la década de los 70 hasta la actualidad.

Esa información se refiere al total de la gestión de valoraciones en las distintas Comunidades que conforman el Estado español, siendo completa para Aragón, Asturias, Illes Balears, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Catalunya, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, y La Rioja, así como de la Diputación Foral de Álava. En el año 2003 era parcial para Andalucía, Galicia, País Valenciano, Ceuta y Melilla, que se encuentran en proceso de grabación de los expedientes históricos; y no recogía información hasta ese momento de Canarias, ni tampoco de las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y Vizcaya.

La Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad contiene a diciembre de 2000 de 1.771.636 registros correspondientes a personas que han solicitado la valoración de su grado de minusvalía, de quienes se puede determinar al menos las variables de sexo y grado.

Del colectivo de personas que alcanzan o superan un grado de minusvalía del 33 % (1.555.431) se ofrecen datos estadísticos, según su distribución por sexo, grado de minusvalía alcanzado, grupo de edad, distribución geográfica y tipo de deficiencia.

Anotaremos aquí que en el apartado de estadísticas del Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) (http://sid.usal.es/), puede accederse a información detallada al efecto, con la posibilidad de que el usuario puede elaborar y descargarse la información conforme a sus necesidades[5].

Castilla-La Mancha ha sido la primera región que crea una Unidad Regional de Información sobre Discapacidad, todo un programa desarrollado por la Asociación de Profesionales por la Integración y subvencionado por la Junta de Comunidades, que, además de informar y asesorar, ofrece una gran variedad de servicios.

Desde esa unidad ofrecen atención personalizada a través del teléfono gratuito o del anonimato de un internauta, y los usuarios deciden cómo informarse en la URID[6]. La Tabla 1, que cobra una percepción más clara en el Gráfico 1 correlativo, está recogida precisamente en la URID y es una buena estampa de los valiosos servicios prestados por esta Unidad castellano-manchega, puesto que permite, desde el neófito hasta al especialista, obtener rápidamente los datos que le surjan utilizar. En nuestro caso, anticipa unas cantidades de las personas discapacitadas castellano-manchegas, con sus tasas correspondientes.

Tabla 1

Personas de 6 a 64 años con alguna discapacidad según los grupos de deficiencias que la han originado.

 

Personas con discapacidades

Tasa por 1.000 habitantes de 6 a 64 años

TOTAL

57.015

44,96

Deficiencias mentales

11.593

9,14

Deficiencias visuales

9.894

7,80

Deficiencias del oido

10.226

8,06

Deficiencias del lenguaje, habla y voz

899

071

Deficiencias osteoarticulares

21.374

16,86

Deficiencias del sistema nervioso

5.731

4,52

Deficiencias viscerales

4.346

3,43

Otras deficiencias

2.408

1,90

No consta

214

0,17

Gráfico 1

Gráfico que representa las personas con alguna discapacidad de 6 a 64 años

2.2. Breve sociodemografía de la discapacidad española y castellano-manchega

Según la Encuesta Nacional sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 1999, en España hay un total de 3.528.221 de discapacitados, lo que supone un 9% de la población total. Por grupos de edades, la mayoría tienen más de 65 años y las mujeres son el colectivo más afectado, una de cada diez mujeres españolas es discapacitada. Aunque hasta los 44 años hay mayoría de varones discapacitados, a partir de los 45 años se eleva el número de mujeres, especialmente desde los 65 años, debido principalmente a su mayor esperanza de vida que provoca enfermedades crónicas, problemas osteoarticulares y demencias originadas por la edad avanzada (Ver el Gráfico 2).

Gráfico 2

En Castilla-La Mancha hay aproximadamente 165.000 discapacitados, tanto psíquicos como físicos y sensoriales (cfr. Tabla 2), y la tasa de discapacitados por la población que hay en la región es proporcional al total nacional, un 9%. Ciudad Real es la provincia castellano-manchega con una mayor tasa de discapacitados, once de cada cien ciudadanos, Albacete, Guadalajara y Toledo se mantienen en la media regional y Cuenca es la provincia con una menor tasa de discapacitados, no alcanza el 7%.

Tabla 2

POBLACIÓN CASTELLANO-MANCHEGA CON DISCAPACIDAD SEGÚN DATOS PROVINCIALES
 

Nº de personas

Tasa de discapacitados
%

Albacete

35.950

9,8

Ciudad Real

52.754

11,0

Cuenca

13.235

6,6

Guadalajara

16.020

9,2

Toledo

46.937

8,7

CASTILLA-LA MANCHA

164.896

9,4

          Fuente: Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999 del INE


Finalmente, los numerosos datos empíricos que nos traslada la información de los Centros Base de Atención a Personas con Discapacidad de las cinco provincias de nuestra región se condensan en el Gráfico 3.

Gráfico 3

       En Castilla- La Mancha, según los datos estadísticos ofrecidos por los Centros Base de la Región, el predominio en sus valoraciones se encuentra entre los 15 y los 64 años de edad, resultando ser un número más elevado entre las mujeres discapacitadas que entre los varones discapacitados.

       A la hora de detallar por grupos quinquenales de edad son más los que se encuentran entre 65 y 69 años, siendo más elevado el número de féminas que el de varones.

       Pareció relevante el hacer la distinción por deficiencias y sexo, sobre todo el % de la división por deficiencias que impiden a aquellos que cuentan con un tipo determinado de discapacidad, el llevar a cabo una vida normalizada.

3. ObtenciÓn del Certificado de Minusvalía

Este certificado es el documento administrativo que reconoce a su titular la condición de minusválido en el grado que determinen los porcentajes de valoración aplicados. Dicha resolución nada tiene que ver con la incapacitación civil (invalidez). Es un instrumento que puede utilizarse (si se desea) para satisfacer necesidades personales y sociales, facilitando el acceso a determinados derechos y beneficios reservados a los minusválidos. Por lo tanto, siempre resulta beneficioso solicitarlo.

3.1. Calificación del Grado de Minusvalía en Castilla-La Mancha

     La Calificación del Grado de Minusvalía en esta Comunidad Autónoma corresponde a la Dirección General de Servicios Sociales a través de las Delegaciones Provinciales de Bienestar Social, que, a su vez, tienen encomendada:

      • La declaración de beneficiario/a de las prestaciones previstas en la Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos.

      • La determinación del grado de minusvalía o enfermedad crónica así como de la necesidad de ayuda de tercera persona para la concesión de las pensiones no contributivas de invalidez y la prestación por hijo/a a cargo de la Seguridad Social

      • La información sobre la contratación de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo así como sobre las medidas de fomento del empleo dirigidas a las mismas

      • La prestación de los servicios de información y orientación familiar, prevención, atención temprana y reinserción social de las personas con discapacidad

      • La información sobre el acceso de las personas presuntamente afectadas por alguna discapacidad a los diferentes servicios y prestaciones previstas en la Normativa Regional

      • La coordinación de su actuación con otras Entidades, públicas o privadas, de manera que se garantice una atención integral a las personas con discapacidad y, especialmente, con las unidades de las Consejerías de Industria y Trabajo, Educación y Sanidad.

En cada Delegación Provincial de Bienestar Social, el Centro Base constituye el ámbito físico y funcional de los Equipos Técnicos de Valoración (ETV) y de los Equipos de Atención Temprana. Entre las funciones de los ETV se encuentra la realización de los dictámenes técnico-facultativos para la calificación del grado de minusvalía, la revisión del mismo por agravación o mejoría y la determinación del plazo a partir del cual se podrá revisar el grado de minusvalía por agravación o mejoría. Los dictámenes técnico-facultativos, elaborados por los Equipos Técnicos de Valoración, incluirán la siguiente información:

      • Datos identificativos de la persona interesada.

      • Deficiencias, diagnósticos y etiologías.

      • Porcentaje parcial correspondiente a cada tipo de discapacidad (cuando coexistan dos o más deficiencias en una misma persona).

      • Resultado de la combinación de los porcentajes obtenidos por deficiencias de distintos aparatos o sistemas.

      • Porcentaje de los factores sociales complementarios.

      • Porcentaje total de minusvalía.

      • Resultado de los baremos de dificultades de movilidad (si tiene más de 3 años de edad y al menos un 33% de minusvalía) y de necesidad de ayuda de tercera persona (si tiene más de 18 años de edad y al menos un 75% de minusvalía).

      • Recomendaciones del Equipo Técnico de Valoración sobre utilización de recursos o apoyos.

      • Plazo de validez del dictamen.

En Castilla-La Mancha existen cinco Centros Base, con diez Equipos Técnicos de Valoración. Su funcionamiento está regulado por la Orden de la Consejería de Bienestar Social de 15 de mayo de 1998, modificada por la Orden de 21 de marzo de 2000 (D.O.C.M.  de 30 de marzo de 2000), por la que se desarrolla el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

3.2. Solicitud y reconocimiento

El procedimiento para la obtención del Certificado de Minusvalía se iniciará a instancia del interesado, representante legal o guardador de hecho, que deberá reunir toda la documentación médica posible (informes, pruebas diagnósticas, historia clínica…) de todas las patologías que tenga.

Después deberá presentar la solicitud, debidamente cumplimentada en modelo normalizado, adjuntando la documentación requerida, en la Delegación Provincial de Bienestar Social del ámbito territorial de residencia habitual o en otros registros de los previstos en el artículo 38 punto 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando el interesado residiese en el extranjero, la competencia para el ejercicio de tales funciones corresponderá al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma o Dirección Provincial del IMSERSO a cuyo ámbito territorial pertenezca el último domicilio habitual que el interesado acredite haber tenido en España.

3.2.1. Documentos que deben presentarse

       Solicitud debidamente cumplimentada.

       Documentación imprescindible que debe acompañar a la solicitud:

       Fotocopia compulsada del DNI del interesado (en su defecto, Libro de Familia o Partida de Nacimiento). En el caso de extranjeros: fotocopia compulsada de la Tarjeta de Residente.

       Fotocopia de los informes médicos o psicológicos que avalen las deficiencias alegadas. En el caso de revisión por agravamiento o mejoría: fotocopia de los informes que acrediten dicho agravamiento o mejoría.

       En su caso, fotocopia compulsada del DNI del representante legal y del documento acreditativo de la representación legal o guarda de hecho.

Ø      Documentos complementarios, necesarios para la valoración social:

- Estimación de los factores económicos:

o Certificado de convivencia de la unidad familiar.

o Justificante de ingresos del interesado y convivientes (fotocopia del IRPF, nóminas, etc…)

o Justificaciones del gasto, si es el caso:

- Gastos de vivienda (alquiler, amortización 1ª vivienda, desahucio, eliminación de barreras arquitectónicas).

- Gastos extraordinarios de carácter prolongado (educativos, sanitarios, otros).

- Estimación de los factores laborales:

o Para los solicitantes desempleados (tarjeta de demandante de empleo)

Una vez recibida en forma la solicitud en el Centro Base correspondiente al domicilio del solicitante, se le notificará el día, la hora, Equipo y dirección del Centro donde deberá personarse para el reconocimiento. Los ETV son equipos multidisciplinares compuestos, por lo menos, por un médico, un psicólogo y un trabajador social que realizarán las actuaciones específicas en el área de diagnóstico, valoración y calificación de la minusvalía. Entre sus funciones se encuentran las siguientes:

§        Valorar las minusvalías y determinar su grado.

§        Revisar el grado de minusvalía por agravación, mejora o error de diagnóstico.

§        Determinar si es necesaria la ayuda de otra persona en la vida diaria del discapacitado a valorar.

§        Determinar si tiene dificultades para utilizar los transportes públicos colectivos.

§        Fijar si el grado de minusvalía tiene que ser revisado periódicamente o si tendrá un valor indefinido.

§        Emitir informes y certificaciones.

3.2.2. Determinación del grado de minusvalía y resolución

Los profesionales del ETV podrán realizar las exploraciones que considere necesarias y requerir cuantas informaciones y pruebas juzgue precisas para la elaboración de sus dictámenes. De cara a éstos podrán solicitar informes médicos, sociales o psicológicos de profesionales de otros organismos.

Se debe alcanzar un porcentaje del 33% para que sea posible declarar la minusvalía, sin que se establezcan diferentes clases de minusvalía. No obstante, existe un tipo de situación especial, que podría denominarse minusvalía cualificada, siempre que exista dependencia y necesidad de la ayuda de otra persona, y que el interesado padezca una minusvalía o enfermedad crónica en grado igual o superior al 75%.

Los aspectos de carácter social que, junto a la valoración de la discapacidad, intervienen en la conformación de la minusvalía, tienen por objeto, bajo una visión globalizada del sujeto, poner de manifiesto las desventajas que le suponen en relación con el medio social en que se desenvuelven. La intervención de estos factores permite configurar un concepto amplio, evitando el criterio restrictivo de tener en cuenta sólo el grado de disminución fisiológica, la reducción de la capacidad laboral, o el momento de surgimiento de la minusvalía. Esto no significa que el criterio profesional no esté presente en la valoración, ya que el baremo de factores sociales complementarios incorpora elementos de evaluación laborales, entre los que se encuentra la situación pasada y presente de la persona ante el mercado de trabajo y su nivel cultural.

No obstante, el porcentaje mínimo de valoración de la discapacidad sobre el que se podrá aplicar el baremo de factores sociales no podrá ser inferior al 25%.

Los Directores de los Centros Base respectivos, con asiento en los Dictámenes Técnico-Facultativos emitidos por los ETV, notificarán las resoluciones expresamente dictadas por su Delegado Provincial en el procedimiento incoado para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

La duración de todos los trámites suele ser de unos tres meses, pero el reconocimiento del grado de minusvalía se entiende producido desde la fecha de presentación de la solicitud (art. 10.2 del Real Decreto 1971/1999) y se hará constar, en su caso, el plazo fijado para su revisión, o en su defecto la fecha a partir de la cual se podrá instar revisión por agravamiento o mejoría.

La normativa autonómica establece el plazo máximo para dictar la resolución (que es de tres meses, salvo en Aragón, Castilla-La Mancha y Valencia donde dicho plazo es de seis meses), transcurrido el cual, la solicitud podrá entenderse desestimada y podrá recurrirse sin perjuicio de la obligación de resolver que tiene la Administración conforme al art. 42.1 LRJPAC. En aquellas CCAA que no han dictado normativa de desarrollo el plazo es de tres meses.

Los interesados podrán interponer, dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la resolución, reclamación previa a la jurisdicción social contra las resoluciones definitivas sobre el reconocimiento del grado de minusvalía.

Existe la posibilidad de pedir la revisión del grado de minusvalía siempre y cuando se prevea una mejoría razonable en las circunstancias que dieron lugar a su reconocimiento, mientras que para los demás supuestos, para tener derecho a dicha revisión, será preciso que hayan transcurrido un mínimo de dos años desde la resolución.

El plazo mínimo no será necesario en los siguientes casos:

       Cuando se acredite error de diagnóstico.

       Cuando se produjesen cambios notorios en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento del grado.

A las solicitudes de revisión a instancia del interesado, se acompañarán cuantos informes médicos y/o psicológicos acrediten la alegación formulada.

4. AplicaciÓn sistemÁtica de los baremos

El reconocimiento por los tres profesionales de la Administración –médico, psicólogo y trabajador social- es obligatorio (art. 8.1.párrafo segundo RD 1971/1999) y conveniente para la persona que va a ser calificada. Al hacer su examen los profesionales están obligados a aplicar los baremos incluidos en los 4 anexos del Real Decreto 1971/1999: anexo 1.a (factores médicos), anexo 1.b (factores sociales), anexo 2 (necesidad de tercera persona) y anexo 3 (uso de transportes colectivos).

El anexo 1.a, consta de 200 páginas y establece las pautas para determinar la discapacidad “originada por deficiencias permanentes de los distintos órganos, aparatos o sistemas”. Para establecer estas pautas han tenido en cuenta la definición que la OMS (WHO, 1980) da de discapacidad. Prima pues la severidad en las limitaciones a la hora de realizar las Actividades de la Vida Diaria (en adelante AVD).

    Cuando en los factores de valoración establecidos en el anexo 1.a, se obtiene un porcentaje de minusvalía del 25 por ciento, se agregará la valoración de las circunstancias personales y sociales, que permiten añadir al porcentaje anterior 15 puntos más, logrando con ello el 33 por ciento de minusvalía que se establece para ser beneficiario de los derechos establecidos en la LISMI.

En el anexo 1.b, se establecen los baremos que hacen referencia a las circunstancias personales y sociales que puedan influir de forma negativa agravando la situación de desventaja originada por la discapacidad de la persona.

ANEXO 1.A

Se considera aquí como discapacidad:

-        aquella que provenga de deficiencias permanentes;

-        la que resulte como consecuencia de un proceso patológico, ya sea este congénito o adquirido;

-        las deficiencias permanentes, entendidas estas como las alteraciones orgánicas y funcionales no recuperables.

No se considera como discapacidad:

- el diagnóstico de una enfermedad, sino la severidad de las consecuencias de dicha enfermedad en el desarrollo de las AVD, cualquiera que esta sea.

Todo lo anterior se mide siempre teniendo en cuenta la severidad o las limitaciones que la deficiencia o enfermedad tengan en la capacidad del sujeto para llevar a cabo con normalidad las AVD[7]. En torno a esto, se establecen cinco grados de discapacidad:

Clase I: se recogen las deficiencias de tipo permanente, pero que no producen discapacidad. Se corresponde pues con el grado 1. La clasificación de esta clase es del 0 por 100.

Clase II: Incluye las permanentes que originan una discapacidad leve. Le corresponde un porcentaje que puede variar entre el 1 por 100 y el 24 por 100.

Clase III: Incluyen las deficiencias permanentes que ocasionan una discapacidad moderada. Aquí la oscilación porcentual va desde el 25 por 100 al 49 por 100.

Clase IV: Incluyen las deficiencias permanentes que originan una discapacidad grave. El porcentaje oscila entre el 50 por 100 hasta el 70 por 100.

Clase V: Incluye las deficiencias permanentes que originan una discapacidad muy grave. Aquí, como hemos visto el sujeto afectado no puede realizar por si solo las AVD sino que necesita de la ayuda de otra persona para poder llevarlas a cabo, por lo que aquí se establece un porcentaje del 75 por 100.

La norma diferencia entre discapacidad física y sensorial de la discapacidad psíquica. Esta última se guía por otras pautas diferentes.

En cuanto a las deficiencias físicas, se valoran aquellas deficiencias permanentes que se pueden originar en el: sistema musculoesquelético (Cap. 2); sistema nervioso (Cap. 3); aparato respiratorio (Cap. 4); sistema cardiovascular (Cap. 5); sistema hematopoyético (Cap. 6), aparato digestivo (Cap. 7), aparato genitourinario (Cap. 8), sistema endocrino (Capitulo 9), deficiencias en la piel (Cap. 10), y las neoplasias (Cap. 11).

Los capítulos 12 y 13 del anexo 1.A, están dedicados a las discapacidades sensoriales. También se tratan aquí las alteraciones del lenguaje (Cap. 14).

El Retraso Mental (Cap. 15) y la Enfermedad Mental (Cap. 16) son consideradas como deficiencias psíquicas. Se considera como Enfermedad Mental los trastornos mentales orgánicos, las esquizofrenias y trastornos psicóticos, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad, adaptativos y somatomorfos, disiociativos y de personalidad.

Llegados aquí, no podemos sustraernos a la conclusión de Miguel Ángel Verdugo: “... es determinante que previa a la declaración de la condición de minusvalía se realice un diagnostico médico que posteriormente se completará con un informe social, siempre y cuando se haya obtenido un determinado grado de minusvalía en la parte médica. Tal y como puede observar, las deficiencias físicas reciben un mayor tratamiento que las deficiencias psíquicas, tal vez porque los criterios médicos sean más claros en los primeros y no así en los segundos”.

El anterior es solo un punto de vista más, porque en el aspecto de la protección social podríamos mostrar cientos de noticias y una enorme cantidad de disposiciones públicas que no corroboran en esa supuesta intencionalidad. Así, dejaremos aquí constancia de un precepto castellano-manchego, la Orden de la Consejería de Bienestar Social de 8.7.02, por la que se regula el procedimiento de traslados en los Centros de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica integrados en la red pública de Castilla-La Mancha y se aprueba el baremo de traslados (DOCM nº 89 de 22.7.02).

Es preciso resaltar que el Anexo 2 relativo a las AVD no se aplica a los menores de dieciocho años, puesto que se utiliza únicamente a los efectos de los artículos 148 y 186 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS); es decir, a los efectos de reunir los requisitos para una pensión no contributiva de invalidez o una prestación familiar por hijo a cargo de cuantía superior, reservada a minusválidos mayores de dieciocho años, con un porcentaje igual o superior al 75 por 100, y que como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida diaria, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos. Desde el movimiento asociativo se ha criticado duramente esta discriminación de los menores de dieciocho años respecto a la aplicación de este baremo y las prestaciones que nacen de su aplicación, puesto que la dificultad en la realización de actividades de la vida diaria no comienza a los dieciocho años, sino cuando la discapacidad aparece, que puede ser mucho antes, incluso en el nacimiento.

El Anexo 3 relativo a dificultades de movilidad y transporte sí se aplica a los niños con discapacidad.

5. Planteamientos del Certificado de Minusvalía desde el Trabajo Social

Un esbozo sobre el análisis propuesto, como se ha formulado en estas páginas, quedaría incompleto sin traducir llanamente la experiencia profesional de los Trabajadores Sociales con la población que presenta discapacidad. Una práctica que nos indica la necesidad de informar y asesorar a la persona y/o a la familia sobre la comentada solicitud del certificado de minusvalía. Información y asesoramiento que ha de facilitarse en aquellas situaciones donde confluyen deficiencias físicas, psíquicas, sensoriales o plurideficiencias (de manera temporal o definitiva), que generan desventajas sociales que requieren de programas, servicios, prestaciones y apoyos generales y específicos. Así lo entendió en un trabajo clásico Carmen Barranco[8], profesora titular de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de La Laguna, coligiendo que “dichos programas  y recursos son beneficios sociales y económicos, es decir,  derechos conseguidos por las propias personas con discapacidad y familia, así como de los profesionales, grupos, administraciones públicas y privadas empeñadas en ir construyendo espacios sociales más solidarios que redunden en una  mejor calidad de vida individual y colectiva. Derechos sociales puestos a disposición de las personas, grupos y comunidades con el objetivo de  alcanzar las cotas de normalización y de calidad de vida que desean y puedan conseguir”. El Cuadro 1 es un sumario bastante orientador.

Cuadro 1

BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS QUE SE PUEDEN OBTENER CON EL CERTIFICADO DE MINUSVALÍA

ASPECTOS CONTEMPLADOS

GRADO  MINUSVALÍA

PROGRAMAS, PRESTACIONES Y APOYOS SOCIALES

SALUD

33% O MÁS

-Asistencia Sanitaria y farmacéutica.

-Rehabilitación.

-OTROS.

EDUCACION

33% O MÁS

-Becas de educación especial.

-Ingresos en centros específicos. 

- Programas de Garantía Social.

-Programas de formación para la transición a la vida adulta.

-OTROS. 

FORMACION OCUPACIONAL Y EMPLEO

33% O MÁS

-Programas europeos de formación y empleo

-Subvenciones del SEPECAM y de la Consejería de Trabajo de la JCCM;  Ayudas  al autoempleo y a EMPRESAS PRIVADAS por la contratación laboral .

-Derecho a reserva de cupo para oposiciones y empleo.

- Derecho del familiar a jornada reducida (BOE 24-12-98).

PREST. FAMILIAR POR HIJO A CARGO

33% y 65%

- Prestación económica hasta los 18 años (33%) y de 18 en adelante (65%).

PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA.

65%

- Prestación económica por invalidez y por hijo a cargo. 

INCORPORACIÓN A CENTROS ESPECIFICOS

Del 33% al 65%

Tipo de centros:  educación,  empleo, ocupación,  atención y/o rehabilitación , residencias, pisos tutelados y protegidos, etc.

AYUDAS INDIVIDUALES

33% O MÁS 

-Ayuda a domicilio

-Atención personal

-Residencia, pisos tutelados y protegidos.

VEHÍCULO

33% O MÁS

-Exención del impuesto municipal

-Adaptación

VIVIENDA

33% O MÁS 

- Puntuación para la adquisición de viviendas protegidas y eliminación de barreras

CARNET DE FAMILIA NUMEROSA

33% O MÁS

-Eliminación del límite de edad a los 21 años

-Reducción del nº de hijos a dos (Real Decreto 6/1999, 8  enero BOE 4-11-99).

DEDUCCIONES EN ASUNTOS LEGALES

33% O MÁS

-Separación matrimonial

-Pensión de alimentación.

-Incapacidad  y representación legal

PRESTACIONES LISMI

33%; 65% O MÁS

-Subsidio de movilidad.

-Compensación gastos de transporte.

-OTROS. 

DEDUCCIONES IMPUESTO  RENTA PERSONAS FISICAS Y OTRAS - (LEY 40/1998)

33% O MÁS

-Desgravación de la renta familiar

-Reducción IRPF para las personas con minusvalía trabajadoras.

-Deducciones adquisición y accesibilidad a la vivienda

- Planes de pensiones

AYUDAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS

33% O MÁS

Ayudas económicas de: MUFACE; ISFAS, MAPFRE.

ABONO SOCIAL DE TELEFÓNICA

65%

Reducción en la cuota instalación y abono.


Fundamentalmente, el valor actual de este documento –como hemos apuntado y Carmen Barranco confirma[9]- estriba en el derecho que otorga a las personas con discapacidad para acceder a los beneficios sociales y económicos específicos relativos a los programas y servicios de salud, educación, empleo,  participación en la comunidad, ocio, adaptación y adquisición de la vivienda, transporte,  prestaciones económicas, apoyos personales y reducciones de impuestos, entre otros.

Según afirma dicha profesora, “el valor social del certificado de minusvalía ha ido creciendo al amparo de los cambios positivos que se han ido produciendo en materia de política social. También por la evolución que se ha ido experimentando en la valoración de la minusvalía, en donde se evalúa a la persona en relación a su medio social y comunitario, es decir las deficiencias y capacidades, así como los  programas, servicios y apoyos individuales y colectivos que precisa y de los que dispone. Estos cambios están propiciando que se vaya tratando la diversidad como una cuestión social, englobando a la persona, a la familia y a la sociedad”.

En resumidas cuentas, son un conjunto de beneficios sociales que tienen por objeto poner a disposición de estos ciudadanos/as los apoyos para enfrentarse a  la desventaja social que conlleva la minusvalía.  Para ello, la acción política y administrativa secunda la necesidad de que es ineludible seguir incrementando las redes sociales y los esfuerzos coordinados de la Administración y de los ciudadanos, con el fin de alcanzar la situación de plena normalización, autonomía y autorrealización, en la cual la participación de las propias personas con discapacidad juega un papel importante.

Una sucinta ristra de conclusiones –extraídas asimismo de los análisis de la profesora Barranco y ratificada por la larga práctica que, como director del Centro Base de Cuenca, vengo desarrollando desde 1990- observan que los trabajadores sociales como profesionales que  participan en los  procesos de información, valoración e intervención social en el campo de las minusvalías, “detectan lo tremendamente duro y doloroso que resulta, en general,  para la persona que presenta minusvalía y sus familiares, afrontar la fase de clarificación y toma de conciencia de sus limitaciones”. Por esto, hay una serie de consejos que no conviene olvidar ni dejar a un lado:

ü       La importancia de informar sobre las posibilidades de  recuperación global de las capacidades, mostrando realismo, confianza, apoyo y estímulo con el objetivo de conseguir que las personas movilicen sus energías para luchar por alcanzar las cotas de normalización que deseen y puedan conseguir.

ü       Es conveniente informar y asesorar sobre el certificado de minusvalía en aquellas situaciones en que se considera (de manera temporal o definitiva) que la persona presenta limitaciones que precisan de programas, apoyos y prestaciones para poderlas modificar.

ü       Cuando dicho certificado, como ocurre en determinados casos, suscita miedos en la propia persona y los familiares, salidos de la creencia de considerarlo una etiqueta social que desvaloriza y estigmatiza a la persona, la intervención profesional se enfoca para ayudar a las personas a superar dichos miedos, afrontar las actitudes sociales negativas y a tomar conciencia de su situación concreta. Para ello deben aplicarse los procesos de apoyo y  la relación de ayuda. Procesos que se generan en un clima de empatía, clarificación y positivismo.

ü       El certificado de minusvalía, en sí, no se ha de mirar como un documento que descalifica o desvaloriza, puesto que es  un instrumento  que podemos utilizar (si lo deseamos) para satisfacer las necesidades personales y sociales que cada uno presenta. Su valor instrumental emana de los derechos y beneficios individuales y sociales el mismo da derecho. Beneficios sociales que puede precisar la persona para movilizar sus energías y conseguir satisfacer sus metas.

ü       Como la historia  nos demuestra, no hay  desvalorización  social para aquellas personas que han logrado alcanzar las metas que se han propuesto en los distintos campos de la investigación, educación, empleo, deportes, cultura, pintura, música, entre otros aspectos. La cita de nombres se haría interminable.

 

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NOTAS


[1] Rafael de Lorenzo García: El futuro de las personas con discapacidad en el mundo. Desarrollo humano y discapacidad. Informe al Club de Toma. Fundación ONCE. Ediciones del Umbral. Madrid. 2003. 306 págs.

[2] Miguel Angel Verdugo, Carmen Vicent, Maribel Campo, Borja Jordán de Urríes, Definiciones de Discapacidad en España: un análisis de la normativa y la legislación más relevante, Servicio de Información sobre Discapacidad, 2001.

[3] La sociabilidad esencial del hombre se ha realizado históricamente a través del trabajo. Las definiciones sobre discapacidad deberían expresar que no son empleables en unos casos, pero que son fuerza de trabajo empleables en otros casos. Las actuales definiciones consideran a los discapacitados como una desviación de la norma y esto aparece reflejado en la legislación, por ello son considerados como tema de la seguridad social y el sistema social debe de cuidar de ellos.

[4] Entidad Gestora de la Seguridad Social para la gestión de los Servicios Sociales complementarios de las prestaciones del Sistema de Seguridad Social en materia de mayores y discapacidad.

[5] Este es el caso realizado en varias ocasiones, por ejemplo, en la investigación dirigida en el año 2003 por el autor de este artículo, Juan A. Buedo: Estudio sociológico sobre Atención, Recursos, Servicios y Demandas en la protección de los Discapacitados Psíquicos de Castilla-La Mancha, efectuada conforme al Convenio firmado el 25 de septiembre de 2002 entre FEAPS y el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha.

[7] Para definir lo que se entiende por actividades de la vida diaria, se ha tenido en cuenta la propuesta de la Asociación Médica Americana en 1994.

[8] Vid. al artículo de Carmen Barranco Expósito, El Certificado de Minusvalía: Evolución del documento y planteamientos desde el Trabajo Social, publicado en http://www.iespana.es/inspeccion-uvmi7/inde4504.htm.

[9] Los diversos tipos de beneficios sociales a que da derecho el certificado de minusvalía, esquemáticamente presentados en  el Cuadro 1, pueden verse desarrollados en el trabajo de Carmen Barranco: “Derechos Humanos y Discapacidad: realidades y quimeras”. Entorno Profesional, edición digital nº 6. Madrid, 1998; y en la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias: Calificación de Minusvalía. Dirección General de Servicios Sociales, Tenerife, 1999, sin editar

 

 

septiembre de 2005, número 8
 
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BITS nº 16, Diciembre 2011
Boletín Informativo de Trabajo Social - ISSN 1578-9578
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